JAVIER ROSALES
La portavoz del grupo popular, Jimena Delgado, sostiene que la situación exige una respuesta institucional de mayor alcance tras detectarse un presunto perjuicio económico de 128.615,93 euros, cantidad a la que podrían añadirse otros 39.582,99 euros. Según expone el PP, estas cifras estarían vinculadas a una presunta actividad irregular atribuida al exgerente de la entidad, circunstancia que desembocó en su despido disciplinario y en el encargo de una auditoría forense.
Desde el PP subrayan que el debate no debe limitarse solo a determinar los hechos, sino también a aclarar por qué pudo producirse la irregularidad, cuánto tiempo se mantuvo y qué fallos de control permitieron que no se detectara antes.
En esa línea, Delgado defiende que la intervención de la Audiencia de Cuentas es necesaria para garantizar una revisión externa, independiente y rigurosa. A su juicio, el objetivo debe ser no solo depurar lo ocurrido en Turismo LPA, sino también identificar las debilidades estructurales de supervisión que han quedado expuestas con este caso.
La portavoz popular enmarca lo ocurrido en Turismo LPA dentro de un contexto que considera más amplio en el sector público municipal. Asegura que no se trata de un episodio aislado, sino de una sucesión de alertas que, en su opinión, reflejan un problema de dirección, supervisión política y control del dinero público.
En este sentido, recuerda que Geursa aparece afectada por el llamado caso Valka, una investigación judicial en la que se indagan presuntos delitos como prevaricación administrativa y urbanística, tráfico de influencias y malversación, y en la que la propia sociedad municipal figura investigada como persona jurídica.
A ello añade la situación de la Sociedad de Promoción, donde la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por presuntos delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas contra varios responsables vinculados al ente, entre ellos cargos y gerentes de la sociedad, incluida su actual gerente. La investigación gira en torno a adjudicaciones bajo sospecha y a un presunto conflicto de intereses en la contratación.
La moción que el PP llevará al Pleno incluye varias actuaciones concretas. Entre ellas, figura la fiscalización de Turismo LPA por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias, la revisión inmediata de todos los sistemas de supervisión internos, la implantación de un plan de control reforzado sobre gastos, pagos y contratación y la segregación efectiva de funciones para reducir riesgos en la gestión.
Además, el grupo popular solicita la convocatoria urgente de la Junta General con el fin de que se informe con detalle sobre los hechos conocidos hasta ahora, el contenido de la auditoría forense, las actuaciones ya realizadas y las posibles acciones de reintegro o reclamación que pudieran emprenderse si se confirmaran responsabilidades.
El mensaje político del PP se centra en reclamar más transparencia y menos opacidad en el funcionamiento de las sociedades municipales. Delgado considera que la ciudad necesita respuestas claras sobre lo que está ocurriendo, sobre quién ha fallado en la cadena de control y sobre qué medidas se adoptarán para garantizar que los recursos públicos vuelvan a estar sometidos a controles eficaces y a una verdadera rendición de cuentas.
La dirigente popular también sostiene que las sociedades municipales no pueden seguir funcionando como estructuras aisladas, sin una vigilancia suficiente y sin responsabilidades políticas cuando estallan casos de esta gravedad. En ese marco, reclama un cambio en la gestión y en la cultura de control dentro del sector público local.
Con esta iniciativa, el PP eleva la presión política sobre el gobierno municipal y sitúa a Turismo LPA en el centro del debate sobre la fiscalización, la gestión económica y la transparencia en Las Palmas de Gran Canaria. La moción busca abrir una revisión más profunda del funcionamiento de las sociedades municipales en un momento en el que varias de ellas están bajo escrutinio judicial o institucional.
El foco, por tanto, no solo está puesto en el posible alcance del presunto desvío de dinero público, sino también en la capacidad del Ayuntamiento para garantizar mecanismos sólidos de prevención, control y rendición de cuentas en organismos que manejan fondos públicos.
