JAVIER ROSALES
La reacción de Coalición Canaria llega después de que el Ayuntamiento comunicara la petición de cese voluntario de Carmen Delia Martín Mederos como jefa de la Policía Local. Esta salida se produce, además, tras la sentencia que anuló el cese del anterior responsable del cuerpo, Carlos Saavedra Brichis, un episodio que la formación nacionalista considera clave para entender la situación actual.
Según David Suárez, la seguridad en la capital grancanaria no puede depender de "parches, ceses, recursos y renuncias", porque esa dinámica acaba teniendo consecuencias directas sobre el funcionamiento del servicio público.
El portavoz de Coalición Canaria recordó que la Justicia anuló el cese de Carlos Saavedra Brichis como jefe de la Policía Local al considerar que no había una prueba mínima que respaldara los hechos utilizados por el gobierno municipal para justificar aquella destitución.
Para CC, ese fallo judicial debió abrir una revisión profunda de la forma en que el Ayuntamiento dirige la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, Suárez sostiene que el gobierno local no ha corregido el rumbo y que los conflictos internos han continuado hasta desembocar en la actual crisis de mando.
El portavoz nacionalista interpreta que la acumulación de episodios —primero una destitución anulada por los tribunales y ahora la salida de la nueva jefatura— no puede tratarse como un hecho aislado. A su juicio, revela un problema estructural en el área de Seguridad.
Pese a sus críticas al gobierno municipal, David Suárez quiso separar la responsabilidad política de la valoración personal sobre Carmen Delia Martín Mederos. El portavoz de CC reconoció su trayectoria profesional y sus años de servicio público, al tiempo que evitó cargar sobre ella el peso de una situación que considera mucho más amplia.
La formación nacionalista sostiene que dirigir la Policía Local en el contexto actual es una tarea especialmente compleja, marcada por la presión interna, las necesidades de personal y la falta de recursos suficientes.
Suárez subrayó que no sería justo responsabilizar únicamente a una persona de una crisis que, según CC, afecta al conjunto de la organización y a la planificación política del servicio.
Coalición Canaria también puso el foco en las advertencias realizadas por los representantes de los trabajadores. Según Suárez, los sindicatos venían alertando de una gestión interna deteriorada, problemas organizativos, carencias de personal y falta de medios materiales.
Para el portavoz nacionalista, el gobierno municipal no puede ignorar esas señales ni trasladar toda la responsabilidad a los mandos policiales. En su opinión, la dirección política del área debe asumir explicaciones por una situación que afecta tanto al clima interno del cuerpo como al servicio que recibe la ciudadanía.
En ese contexto, Suárez señaló directamente al área que dirige Josué Íñiguez, al considerar que la responsabilidad política de la situación actual corresponde al gobierno local.
El portavoz de CC remarcó que las críticas de su grupo no se dirigen contra los profesionales de los servicios de seguridad y emergencias. Al contrario, defendió que policías y bomberos de Las Palmas de Gran Canaria continúan sosteniendo el servicio pese a unas condiciones que, a su juicio, no siempre se corresponden con los medios disponibles ni con el respaldo institucional necesario.
Suárez insistió en que el problema no está en la plantilla, sino en la dirección política de la Seguridad municipal. La formación nacionalista considera que el Ayuntamiento debe garantizar estabilidad, recursos y planificación para evitar que los conflictos internos terminen afectando a los barrios y al conjunto de la ciudad.
Coalición Canaria reclama ahora a la alcaldesa, Carolina Darias, que informe de forma inmediata sobre el futuro de la jefatura de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. El grupo municipal quiere conocer qué criterios se seguirán para nombrar a la persona que asumirá el mando, qué medidas se adoptarán para recomponer la situación interna del cuerpo y cuál será el plan para reforzar los servicios de seguridad y emergencias.
CC pide una política de seguridad “seria, estable y con recursos”, alejada de decisiones que acaben judicializadas o de conflictos internos que, según la formación, no se cierran de forma adecuada.
La formación nacionalista advierte de que Las Palmas de Gran Canaria necesita una respuesta clara en materia de seguridad, especialmente en los barrios, donde la percepción ciudadana depende tanto de la presencia efectiva de los servicios como de la capacidad del Ayuntamiento para anticiparse a los problemas.
