JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
En la imagen, Jesús Díaz Luján (Partido Popular), alcalde de Artenara desde 2019 I Imagen: La Gaceta de Gran Canaria
La beneficiaria de esta masiva transferencia de suelo público es la Fundación Hipona Proyecto Zaida, una entidad que, a pesar de recibir una superficie equivalente a casi 18 campos de fútbol en un entorno de alto valor paisajístico, carece de página web oficial institucional que explique la naturaleza del proyecto que justifica tal entrega de patrimonio común. La entidad ha declarado 30.000 euros en el Registro de Fundaciones de Canarias, es el único asiento contable que consta y es de 2023. La entidad ha recibido 18.000 euros de Presidencia del Gobierno de Canarias en diciembre de 2024 y 800 euros del Cabildo de Gran Canaria sin contraprestación.
La operación se formalizó a través de un anuncio oficial donde se detallan las propiedades afectadas por esta liberalidad institucional. La cesión comprende la totalidad de la superficie de tres parcelas estratégicas: la parcela 102 del polígono 3, con una extensión de 107.944 metros cuadrados; la parcela 185 del mismo polígono, de 9.105 metros cuadrados; y finalmente la parcela 10 del polígono 4, que aporta otros 9.075 metros cuadrados. La resolución del expediente se ampara en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, una vía normativa que permite el desprendimiento de bienes patrimoniales sin contraprestación económica directa, siempre que se acredite un fin de utilidad pública o interés social, un extremo que en el caso de la Fundación Hipona permanece bajo un manto de absoluto misterio para el ciudadano de a pie salvo que se acuda a redes sociales.
La entrega de más de 126.000 metros cuadrados en un municipio como Artenara, cuya orografía y protección medioambiental limitan severamente cualquier tipo de desarrollo, supone un movimiento de tierras administrativo de primer nivel. Este suceso subraya la melancolía de un territorio que se vacía, donde el suelo se entrega a fundaciones espectrales como quien cede el control de un organismo muerto. El Proyecto Zaida, del cual no existe rastro en el mercado de la información contemporánea, aparece como un nombre vacío en un boletín oficial. En la era de la hipertransparencia, que una fundación beneficiaria de un patrimonio tan vasto no posea ni siquiera una plataforma digital básica, sugiere una desconexión total con la realidad biológica de la Isla o, quizás, un repliegue hacia formas de gestión que esquivan el escrutinio de la red.
La ausencia de un portal web de la Fundación Hipona impide conocer su patronato, sus cuentas anuales o el plan de viabilidad de su propuesta. En su perfil de LinkedIn refleja 1 empleado. Para los inversores en capital social o los observadores de la política local, este "apagón digital" de la beneficiaria es una señal de alerta técnica. La administración local, en su afán por dinamizar el municipio, parece haber obviado la necesidad de que el receptor de bienes públicos demuestre una mínima estructura de comunicación y transparencia, algo que hoy se considera un estándar de higiene institucional.
El proceso entra ahora en una fase crítica de exposición pública por un periodo de veinte días, un intervalo donde la inercia administrativa espera que el silencio de la cumbre no sea interrumpido por alegaciones. Según lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, cualquier persona física o jurídica interesada puede examinar el expediente en la sede electrónica del consistorio. No obstante, el acceso al documento digital no resuelve la duda existencial: ¿Qué es el Proyecto Zaida? ¿Es una iniciativa sociosanitaria, un desarrollo agrícola experimental o simplemente un refugio burocrático para activos inmobiliarios que el Ayuntamiento ya no desea gestionar? La falta de una web de referencia obliga al interesado a una peregrinación administrativa para obtener datos que, en cualquier otro contexto de 2026, deberían estar a un clic de distancia.
La magnitud de la superficie cedida, esos 126.124 metros cuadrados, contrasta con la fragilidad de la entidad receptora. En un entorno donde la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria dominan el discurso político, regalar el equivalente a una gran propiedad agraria a una fundación desconocida se percibe como una anomalía en el sistema de flujos. Es la estadística de la nada: un municipio pequeño entrega su activo más sólido, el suelo, a cambio de una promesa contenida en un expediente que nadie ha visto fuera de las paredes del Ayuntamiento. La parálisis de la información genera una incertidumbre que el anuncio oficial, firmado por el alcalde Jesús Díaz Luján, trata de mitigar con la corrección técnica de sus párrafos, pero la realidad gélida es que el patrimonio de Artenara está siendo transferido a un ente que no existe en el mapa digital del siglo XXI.
El acuerdo del pleno del 8 de mayo de 2026 marca el inicio de una cuenta atrás para la pérdida definitiva del control público sobre estas hectáreas. Si no surgen reclamaciones o sugerencias que alteren el curso de la cesión, la Fundación Hipona se convertirá en la dueña de facto de una parte sustancial del paisaje cumbrero. El rigor de la inercia patrimonial dicta que, una vez aprobada la cesión gratuita, el retorno de estos bienes al ayuntamiento es un proceso jurídico tortuoso que rara vez se cumple si no existe un flagrante incumplimiento de los fines propuestos. Pero, de nuevo, el sistema falla en su base: si los fines no son públicos y la entidad no tiene huella digital, el control social sobre el uso del suelo se vuelve imposible.
En última instancia, la operación en Artenara refleja la fatiga de una administración que prefiere delegar su patrimonio en manos privadas antes que gestionar su potencial. El Proyecto Zaida, envuelto en su propia oscuridad mediática, se perfila como un test de resistencia para la transparencia local. Mientras el expediente descansa en la sede electrónica, la sospecha de que estamos ante una gestión de espaldas a la ciudadanía digital se acrecienta. Ciento veintiséis mil metros cuadrados después, Artenara sigue siendo un pueblo que regala su tierra a sombras burocráticas, en un mundo donde la verdadera propiedad no reside en el Registro de la Propiedad, sino en la capacidad de justificar la existencia propia ante el juicio constante de la red.
