NOELIA C. DEL TORO
La denuncia del PP se apoya en el informe de control interno de la Intervención General, documento del que se dará cuenta en el Pleno ordinario del Cabildo. Según los datos citados por el grupo de la oposición, el gobierno insular presidido por Antonio Morales, integrado por Nueva Canarias y PSOE, otorgó el pasado año un total de 282 millones de euros en subvenciones.
Esa cifra representó el 28,6% del Presupuesto consolidado de la Corporación insular. Del total concedido, 210 millones correspondieron a transferencias corrientes, mientras que otros 72 millones se destinaron a transferencias de capital.
Uno de los aspectos más relevantes del informe, según ha destacado el PP, es la advertencia de la Intervención General sobre el peso de las ayudas tramitadas mediante concesión directa. El órgano fiscalizador señala que en el 75,6% del total de subvenciones concedidas en 2025 se recurrió a este procedimiento, pese a que tiene carácter excepcional.
La Intervención viene recomendando desde hace varios ejercicios reforzar el uso del procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva, considerado el cauce general para garantizar mayor transparencia, igualdad de acceso y control en la adjudicación de fondos públicos.
Pese a esas recomendaciones, el informe recoge que el volumen de subvenciones directas aumentó un 34,5% respecto a 2024, una evolución que el PP interpreta como una consolidación de esta fórmula dentro de la gestión económica del Cabildo.
El documento también llama la atención sobre la forma de pago de estas ayudas. Según la Intervención General, la gran mayoría de las subvenciones del Cabildo se conceden de manera anticipada, una modalidad que también se considera excepcional dentro del marco legal.
El informe advierte de que, si esos pagos no van acompañados de un seguimiento adecuado, pueden generarse problemas en la justificación de las ayudas y, en su caso, en la exigencia de reintegros. La situación adquiere especial relevancia porque, a fecha de 31 de diciembre de 2025, más de 88 millones de euros permanecían pendientes de justificar.
La Intervención añade, además, que rara vez se regula la posibilidad de exigir garantías para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la subvención y su correcta justificación. Este extremo incrementa, según el órgano fiscalizador, el riesgo para los fondos públicos si no se refuerzan los mecanismos de control.
El portavoz del PP y líder de la oposición en el Cabildo, Miguel Jorge, ha vinculado estos datos con la forma de gobernar del Ejecutivo insular. A su juicio, el uso mayoritario de las subvenciones directas refleja un modelo basado en el clientelismo político.
Jorge sostiene que el gobierno de NC y PSOE utiliza el presupuesto público para influir en la sociedad y consolidar apoyos. Sus declaraciones se enmarcan en la crítica política del PP al manejo de las subvenciones y al control interno de los recursos económicos del Cabildo de Gran Canaria.
El informe de control interno también señala incidencias en materia de contratación. Según los datos trasladados por el PP, el gobierno insular aprobó durante el pasado ejercicio hasta 56 contratos sin respaldo legal.
De ese total, 25 contratos correspondieron al Consejo Insular de Aguas; 10, a Turismo de Gran Canaria; 7, al Instituto Insular de Deportes; 6, al Instituto de Atención Sociosanitaria; 5, al propio Cabildo de Gran Canaria; 2, al Consorcio de Emergencias; y 1, a la Autoridad Única del Transporte.
La Intervención General apunta también a la existencia de carencias en la contratación pública, vinculadas a la falta de especialización y experiencia de parte del personal técnico encargado de preparar los expedientes en los centros gestores.
El órgano fiscalizador recoge igualmente limitaciones internas que afectan al funcionamiento del control financiero permanente. Entre ellas, destaca la insuficiencia de personal, ya que el servicio cuenta únicamente con una jefa de Servicio y una técnica de Administración Especial para asumir todas las tareas de fiscalización.
A esta situación se suma la ausencia de un gestor documental o tramitador de expedientes, lo que, según el informe, provoca desajustes temporales entre el momento en el que debería realizarse la fiscalización previa y los actos finalmente fiscalizados.
El documento también menciona incidencias frecuentes en los servidores del Cabildo, que ocasionaron interrupciones en la aplicación de contabilidad y afectaron al desarrollo normal de la función fiscalizadora.
La denuncia del PP sitúa de nuevo el debate en la gestión de las subvenciones del Cabildo de Gran Canaria, el uso de la concesión directa y la capacidad de la Administración insular para garantizar un control eficaz del gasto.
El informe de la Intervención General será abordado en el Pleno ordinario, donde la oposición prevé centrar sus críticas en el volumen de ayudas concedidas sin concurrencia competitiva, los pagos anticipados pendientes de justificar y las deficiencias detectadas en contratación y fiscalización.
