NOELIA C. DEL TORO
La petición se produce tras conocerse informes de la Guardia Civil incorporados al caso Valka, en los que, según CC, se apunta al posible acceso a la intranet municipal y al uso de información reservada relacionada con actuaciones urbanísticas.
David Suárez ha calificado los hechos como "extraordinariamente graves" y ha advertido de que, si se confirman, podrían afectar a la confianza ciudadana en la gestión urbanística de la capital grancanaria.
El portavoz nacionalista ha señalado que el Ayuntamiento no puede limitarse a afirmar que colabora con la Justicia. A su juicio, el gobierno municipal debe adoptar también medidas en el plano administrativo y político para proteger el interés general.
Coalición Canaria sostiene que la investigación judicial deberá determinar, en su caso, las responsabilidades penales que correspondan, pero considera que la administración local tiene la obligación de revisar los expedientes afectados, reforzar los controles internos y garantizar que ninguna decisión urbanística haya estado condicionada por accesos indebidos, información privilegiada o intereses privados.
CC pide que esa revisión incluya todos los expedientes citados o vinculados en los informes policiales, así como cualquier actuación urbanística en la que aparezcan comunicaciones, consultas, accesos informáticos, informes, asesoramientos o intermediaciones atribuidas a Setién.
La formación nacionalista plantea que el análisis abarque tanto su etapa como responsable de Urbanismo como las posibles actuaciones posteriores a su jubilación, siempre dentro de los hechos mencionados en la documentación conocida del caso Valka.
David Suárez ha asegurado que el caso ha puesto de manifiesto una "evidente quiebra" de los mecanismos de control del Ayuntamiento. El edil ha advertido de que, cuando se habla de una posible estructura paralela de influencia sobre el urbanismo de la ciudad, el gobierno local debe reconocer que los controles pudieron fallar.
El portavoz de CC ha recordado, además, que el ejecutivo municipal tardó "muchísimos meses" en cesar a la anterior cordinador de Urbanismo, pese a que Geursa ya figuraba en el centro de la investigación judicial. "Durante demasiado tiempo se actuó tarde. Esa actitud ya no es sostenible", ha señalado.
Coalición Canaria considera que la situación requiere un cambio de actitud por parte del gobierno formado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos. Suárez ha insistido en que la presunción de inocencia debe respetarse siempre, pero ha matizado que ese principio no impide a una administración revisar sus expedientes, reforzar controles y ofrecer explicaciones públicas.
"El ámbito penal corresponde a la Justicia, pero el plano administrativo y político corresponde al Ayuntamiento", ha planteado el portavoz nacionalista, que ha pedido medidas concretas para recuperar la confianza en la gestión urbanística de la ciudad.
El portavoz de CC ha ampliado su crítica a otras sociedades y áreas municipales. Según Suárez, la preocupación no se limita a Geursa, ya que la Sociedad de Promoción también está bajo la lupa judicial y Turismo LPA ha afrontado una situación que, en su opinión, ha puesto en cuestión sus mecanismos internos de control.
"La acumulación de casos en sociedades municipales y áreas estratégicas no puede despacharse como una casualidad", ha señalado el edil nacionalista.
Suárez ha defendido que Las Palmas de Gran Canaria no puede permitir que su política urbanística permanezca bajo sospecha. Por ello, ha instado a Carolina Darias y a Mauricio Roque a pasar de las declaraciones a los hechos, asumir que existen fallos que deben aclararse y actuar con contundencia, transparencia y responsabilidad.
Para Coalición Canaria, la revisión de los expedientes urbanísticos vinculados al caso Valka debe servir para despejar dudas, proteger el interés general y garantizar que las decisiones administrativas se han adoptado conforme a la legalidad y sin interferencias externas.
