JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El motivo de exclusión más frecuente, que afecta a un gran número de expedientes, es la "inexactitud, falsedad u omisión de datos". Esta etiqueta técnica ha servido para descartar solicitudes de deportistas que, en el ámbito competitivo, han demostrado un nivel sobresaliente. Es el caso de nombres como Diego Jesús Ruano Bolaños, Dylan Cabrera Cáceres o Josymar Navarro Pérez, quienes han visto cómo sus aspiraciones se truncaban por deficiencias en la carga de información. Resulta especialmente llamativo que deportistas de disciplinas tan diversas como el Kickboxing, el Tenis, el Surf o la Gimnasia Rítmica aparezcan bajo el mismo epígrafe de error, sugiriendo que el diseño del portal de solicitudes presenta una complejidad que resulta hostil incluso para perfiles acostumbrados a la precisión técnica de su deporte.
La situación es particularmente dolorosa en las modalidades adaptadas. Deportistas como José Javier Díaz González, Gabriel Heriberto Rancel Cabrera, Juan Jesús Pérez Pérez y Verónica de Jesús Sabina González, todos ellos competidores en la categoría para personas sordas, han sido apartados del proceso alegando la misma inexactitud documental. Para estos atletas, cuya trayectoria exige una superación constante frente a barreras sociales y físicas, encontrarse con un muro administrativo de esta naturaleza supone una desmotivación añadida. El sistema, al aplicar una vara de medir idéntica para todos sin considerar la realidad específica de cada modalidad, transmite la sensación de que el rigor legal se ha impuesto por encima de cualquier otra consideración social o deportiva.
Otro de los grandes filtros ha sido el cumplimiento de los mínimos de participación. El sistema exige que, para que un resultado sea puntuable, la competición debe contar con al menos ocho deportistas o países, una norma que busca garantizar la calidad del éxito deportivo pero que, en la práctica, excluye a las especialidades minoritarias de Gran Canaria y del resto del Archipiélago. Deportistas como Guillermo Evora Marrero (Kickboxing) u Orestes Junior Almonte Viña (Taekwondo) se han quedado fuera porque sus torneos no alcanzaron el cupo exigido por los redactores de la Orden. Esta "ley del número" castiga indirectamente a quienes dedican su vida a modalidades que no cuentan con una masa crítica de practicantes, condenándolos a una invisibilidad institucional que impide el relevo generacional.
La escala de puntos establecida en la Base 5ª, que marca un mínimo de 100 para los hombres y 80 para las mujeres, ha terminado de cribar a los aspirantes. Bajo este criterio, figuras como Blas Arturo Rivero Betancor o Juan Manuel Hernández Vega se han quedado al margen del apoyo público. La rigidez de esta puntuación no deja margen a la interpretación del talento ni a la evolución natural del deportista. Para un atleta, la diferencia entre estar dentro o fuera de la subvención puede depender de una única posición en una clasificación, convirtiendo la subvención en un juego de números fríos donde la trayectoria y el esfuerzo constante parecen tener un valor secundario frente a la estadística pura.
Finalmente, esta resolución provisional funciona como una llamada de atención sobre la profunda desconexión que existe entre los gestores públicos y la realidad cotidiana de los atletas. Mientras que figuras como Alexandra Rinder en Bodyboard o diversos competidores en Halterofilia intentan mantener su nivel de vida para seguir compitiendo al máximo nivel, la burocracia los obliga a dedicar un tiempo que no tienen a la corrección de expedientes y al análisis de bases legales. Esta lista, más que una serie de nombres, es el reflejo de un sistema que, en su celo por proteger el presupuesto, ha olvidado que el principal objetivo de estas ayudas debería ser el acompañamiento, y no la fiscalización punitiva. Los afectados tienen ahora el difícil camino de las alegaciones para intentar rescatar sus becas, pero el desgaste sufrido es una factura que, lamentablemente, no se paga con subvenciones.
