JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El Pleno de la Sala de lo Social zanja así un litigio prolongado, revirtiendo el criterio previo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y advirtiendo que la externalización de los apoyos al alumnado con necesidades especiales escondía, en la práctica cotidiana de los centros, una subordinación directa al personal docente de la administración autonómica.
El núcleo de la resolución judicial radica en desmontar el argumento de que la empresa proveedora ejercía un verdadero poder de dirección y control sobre la empleada. Según los hechos probados rescatados por el Alto Tribunal, la trabajadora —adscrita a un instituto de Educación Secundaria en Gran Canaria con un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial de 25 horas semanales— desarrollaba sus funciones cotidianas bajo las pautas del equipo docente. La propia sentencia detalla que "la dinámica de la clase la dirige la tutora, y la demandante como adjunta de taller debe seguir las indicaciones de la misma, coordinándose con ella".
Frente a esta integración en el aula, el Alto Tribunal subraya que las visitas de las coordinadoras de la empresa mercantil resultaban estériles en términos de mando efectivo: "En ninguna de esas visitas acudía al puesto de trabajo de la actora ni hablaba con la tutora u orientadora del aula, por lo que difícilmente pudo ejercitar cualquier función directiva sobre la misma". De este modo, el fallo recalca que "el papel desempeñado por el proveedor es esencialmente de control formal, el necesario para la gestión de sus obligaciones salariales y de Seguridad Social", reduciendo las herramientas telemáticas o de asistencia a meros instrumentos contables que "no implican necesariamente y por sí misma una dirección y control de la actividad laboral".
Con este pronunciamiento, la Consejería de Educación ve derrumbarse su escudo administrativo frente a los límites de la subcontratación pública. El Pleno del Tribunal Supremo determina que "la dirección y control de la actividad laboral correspondía a personal de la Consejería, mientras que el papel desempeñado por el proveedor es esencialmente de control formal", lo que activa de pleno los presupuestos legales que definen la "cesión ilegal de trabajadores".
En consecuencia, el fallo anula la resolución dictada por el tribunal autonómico y confirma íntegramente la decisión de instancia, obligando a reconocer a la demandante su "condición de trabajadora indefinida no fija discontinua de la Consejería demandada" bajo el vínculo de "cuidadora del Grupo IV del convenio colectivo del personal laboral de la C. A. de Canarias".
Asimismo, la sentencia condena solidariamente a las partes al abono de las diferencias salariales reclamadas, acompañadas del interés por mora, e impone expresamente a las entidades recurrentes el pago de las costas procesales devengadas en la fase de suplicación. Este criterio del Tribunal Supremo abre un profundo interrogante sobre la estabilidad de los modelos de asistencia externalizada en los centros públicos de enseñanza de las Islas.
