En concreto, la lista de espera de menores para ser atendidos en el Servicio de Infancia y Familia se compone en estos momentos de la siguiente manera: 243 menores del Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira; 229 de Ciudad Alta, 66 menores del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, 105 en Isleta-Puerto-Guanarteme y 99 casos del Distrito Centro.
Luzardo explicó la "variada" casuística que puede llevar a que un menor requiera de la asistencia de Servicios Sociales, ya que pueden ser niños o jóvenes derivados, por ejemplo, desde sus colegios porque pueden estar en situación de riesgo; familias que necesitan tramitar una Prestación Canaria de Inserción (PCI) de forma urgente por falta de recursos económicos; chicos que pueden estar sufriendo algún tipo de adicción o menores embarazadas.
"No entiendo cómo se puede dormir tranquilo si tenemos 742 menores en estas circunstancias", ha indicado Luzardo, quien reiteró que son familias que necesitan ayuda "urgente". Al respecto, insistió, "si el alcalde no se ha enterado debería hacerlo y ponerse manos a la obra".
La portavoz popular ofreció este miércoles, en compañía de la concejal popular Rosa Viera, una rueda de prensa para hacer un repaso de la situación social de la capital grancanaria. En este sentido, Viera lamentó que existan problemas por la ausencia de psicólogos, dado que hay determinados centros municipales que carecen de esta figura, "con lo importante que es también con el trabajo de menores", recalcó.
Viera reiteró que los trabajadores de Servicios Sociales "hacen todo lo que pueden" pero que "es imposible llegar a todas las necesidades que existen actualmente en Infancia y Menores" a causa, entre otros motivos, de que no son cubiertas las vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ni tampoco las bajas por enfermedad, ni siquiera las de largas duración.
Pepa Luzardo destacó asimismo que en una moción que defenderán en el próximo pleno municipal pedirá que se arbitre una compensación a las ONG que reciben ayudas municipales para paliar el efecto de la inflación. "A la firma de esos convenios no se tuvo en cuenta el incremento del precio de la vida, como las subidas de la energía eléctrica, el agua o los combustibles y los alimentos", aclaró.
"Por ello lo que planteamos hoy es que se estudie una compensación a la cantidad otorgada que pueda suplir estas subidas que estamos todos padeciendo", añadió. Entre otros problemas que destacaron tanto Luzardo como Viera, en el ámbito de la gestión social capitalina, se encuentran los impagos de la nómina de octubre de los auxiliares de los centros de personas sin hogar de Gánigo, La Isleta y El Lasso.
Otros asuntos "preocupantes" a juicio del PP, son la paralización del concurso de tarjetas de alimentos, la desaparición del IBI Social, la ausencia de tóner e impresoras en muchas dependencias de Servicios Sociales o la situación del Proservi, que es la herramienta informática con la que los trabajadores gestionan a las personas que acceden a los Servicios Sociales o con la que consultan sus expedientes. "La gravedad de la situación es evidente", concluyen desde el PP.
