El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado la falta de transparencia en el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, presidido por Antonio Morales. La oposición ha solicitado, sin éxito durante meses, documentos relacionados con las actas de las reuniones de los consejos de dirección y ejecutivo de los últimos dos años, así como información organizativa, económico-financiera y contractual del organismo autónomo.

Consorcio de Viviendas: 23 actas sin publicar

El PP ha calificado de "auténtico escándalo" la acumulación de 23 actas no aprobadas ni publicadas en el portal web del Consorcio, donde los grupos de la oposición no tienen representación. La última acta aprobada corresponde a una sesión ordinaria del Consejo de Dirección celebrada el 24 de mayo de 2023.

Los representantes del PP argumentan que este retraso no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de oscurantismo diseñada para obstaculizar la labor de fiscalización de la oposición y ocultar la falta de gestión en un organismo que, a pesar de la grave crisis de vivienda en la Isla, se encuentra prácticamente paralizado.

Reclamación ante el Comisionado de Transparencia

Ante esta situación, el Grupo Popular ha presentado una reclamación al Comisionado de Transparencia de Canarias, quien ha dictado una resolución favorable, exigiendo al Cabildo la entrega de la documentación solicitada y la agilización de los procedimientos de acceso a la información pública.

Crisis de vivienda en Gran Canaria: ¿qué está pasando?

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de Gran Canaria, con más de 10,000 demandantes. Sin embargo, el Consorcio de Viviendas no ha construido ninguna promoción pública en más de una década, salvo un proyecto de 63 casas en el barrio de El Secadero, que ya presenta retrasos significativos.

Rechazo a las iniciativas del PP

El PP también ha denunciado que el grupo de gobierno ha rechazado todas sus propuestas para abordar el problema de acceso a la vivienda, que afecta especialmente a jóvenes y familias vulnerables. Entre las iniciativas rechazadas se incluyen:

• Un plan para construir 1,000 viviendas públicas utilizando remanentes de tesorería.

• Una línea de ayudas al alquiler social para jóvenes y familias con bajos recursos.

• La creación de una bolsa de viviendas vacías en colaboración con los 21 ayuntamientos de la isla.

• La compra de suelo para desarrollar viviendas colaborativas para personas mayores.

Convenio de colaboración con el ICAVI

Finalmente, el Grupo Popular ha instado al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a firmar un convenio de colaboración con el Instituto de Vivienda de Canarias (Icavi) para fomentar la construcción de vivienda pública en la Isla. Esta iniciativa ya ha sido implementada por el Cabildo de Tenerife, que destinará 45 millones de euros para aumentar en 257 el parque público de vivienda en la región.

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