NOELIA C. DEL TORO
El decreto ha sido desarrollado en conjunto por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Durante los últimos meses, ambos departamentos han trabajado en colaboración con los sectores involucrados para crear un documento consensuado que incluya políticas efectivas y de aplicación inmediata para solucionar este problema.
La normativa introduce innovadores mecanismos de colaboración entre el sector público y privado para la elaboración de informes técnicos necesarios en el proceso de concesión de licencias urbanísticas. A partir de ahora, estos informes podrán ser realizados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, entidades urbanísticas acreditadas y otros medios propios.
Los ayuntamientos podrán encargar estos informes o el promotor podrá presentarlos junto con su solicitud de licencia, asumiendo el costo, que no podrá superar la tasa urbanística del proyecto. Aunque estos informes no serán vinculantes, tendrán validez jurídica inmediata y sustituirán al informe municipal en los aspectos favorables, sin necesidad de ratificación por parte de los técnicos municipales. En caso de desacuerdo, la Administración podrá completar el expediente.
El objetivo principal es proporcionar a los ayuntamientos más recursos para actuar con rapidez, sin comprometer sus competencias ni la seguridad jurídica del proceso. Con esta nueva normativa, se espera que los promotores puedan obtener licencias de construcción en menos de seis meses, un tiempo considerablemente menor al promedio actual de dos años. Esta medida representa un avance crucial para optimizar la gestión pública, reactivar la economía y abordar de manera efectiva la crisis de vivienda que enfrenta el Archipiélago.
El Gobierno también planea implementar medidas específicas para apoyar a los municipios que enfrentan retos demográficos, las cuales se activarán en las próximas semanas con la inauguración de la Oficina Virtual del Reto Demográfico.
Este decreto-ley complementa las acciones adoptadas en febrero de 2024, cuando se aprobó el Decreto-Ley 1/2024 sobre medidas urgentes en materia de vivienda. Ahora se incorporan nuevas herramientas para el desarrollo de viviendas asequibles, la reutilización de terrenos terciarios para uso residencial y la construcción anticipada de viviendas protegidas en terrenos aún no completamente urbanizados. Además, se regula, por primera vez, el procedimiento para declarar zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar las medidas de la Ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023).
En cuanto a la vivienda asequible incentivada, Canarias se convertirá en la primera comunidad autónoma en implementarla. Los promotores que participen en este programa recibirán beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan con ciertos requisitos, con el fin de beneficiar especialmente a las personas de clase media que no tienen acceso a otras ayudas.
La norma, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, responde a la necesidad urgente de asegurar que los procedimientos urbanísticos se resuelvan en plazos razonables, evitando demoras que afectan tanto a los derechos de los ciudadanos como a la actividad económica. Al reducir la burocracia y promover la construcción de viviendas asequibles, se están dando pasos hacia un futuro donde más ciudadanos puedan acceder a un hogar digno.
