LA GACETA DE GRAN CANARIA
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha pedido al Estado flexibilizar la gestión de la cuota de atún rojo ante un ciclo migratorio anómalo que ha limitado a 115 toneladas las capturas (sobre 568 t asignadas, incluyendo 30 t transferidas de Islandia a la UE). El planteamiento técnico: permitir traspasar a la campaña siguiente el remanente no consumido por los buques cañeros del grupo f autorizados en el caladero canario, ajustando el Real Decreto 46/2019 mientras llega un desarrollo reglamentario más amplio.
El año 2025 se ha dividido en dos ventanas de captura (20 de enero-30 de mayo y 4 de junio-31 de diciembre), pero la escasez local ha impedido materializar la cuota. La propuesta busca adaptar la gestión pesquera a la variabilidad biológica del Atlántico oriental, mejorando la planificación empresarial, evitando desperdiciar posibilidades de pesca y asegurando ingresos a cofradías y lonjas cuando el recurso vuelva a pasar por Canarias.
El Gobierno subraya que la flexibilidad interanual ya en tramitación estatal debe considerar las especificidades del Archipiélago y su flota artesanal, sin comprometer la sostenibilidad ni el cumplimiento ICCAT.
La Comisión de Economía Social dio el visto bueno a la Estrategia Canaria de Economía Social (ESCAES) 2026-2029, paso previo a su ratificación por el Consejo de Gobierno. El plan, coordinado por Turismo y Empleo con la colaboración de varias consejerías, estructura seis ejes: participación y visibilidad del sector; competitividad (innovación, digitalización, sostenibilidad); emprendimiento y sectores circular/azul/verde; igualdad de género e inclusión de colectivos vulnerables; sostenibilidad territorial (combate de la despoblación, consumo responsable); y formación para profesionalizar capacidades en todos los niveles educativos.
Los datos de base muestran un sector en expansión: en 2024, la economía social generó 19.325 empleos (54,47% mujeres; 21,71% jóvenes) y aglutina 3.780 entidades (sociedades laborales, cooperativas, fundaciones, SAT, centros especiales de empleo, cofradías, empresas de inserción, etc.). La estrategia impulsa un espacio virtual que concentre normativa, recursos y ayudas, y refuerza la colaboración público-privada para escalar proyectos de impacto y refuerzo del tejido local en islas no capitalinas.
El enfoque integra ODS y peculiaridades de RUP: modelos de negocio inclusivos, territorializados y con arraigo comunitario. Próximo hito: aprobación formal y hoja de implementación con indicadores de seguimiento.
El Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF), José Ramón Barrera, defendió en la Universidad de La Laguna un salto cualitativo en transparencia y evaluación: disponer de microdatos anonimizados de la Agencia Tributaria que permitan medir con rigor el impacto de los incentivos del REF sobre inversión, empleo y precios de la vivienda. El mensaje llega en el curso "Diseñando la Canarias del mañana: el REF como palanca de innovación", inaugurado por el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez.
El panel puso ejemplos concretos: la mejora de deducciones trajo rodajes internacionales a las Islas; la ZEC canaliza proyectos de I+D con equipos científicos; y la RIC, tras su actualización, permite orientar inversión —también en alquiler residencial— y podría ayudar a paliar el déficit de vivienda estimado por el sector. El Comisionado pidió consensos políticos y sociales para modernizar el fuero canario, abogó por una Agencia Tributaria Canaria con mayores competencias y subrayó el papel del REF para diversificar la economía, atraer talento y empresas tecnológicas, y sostener empleo de calidad.
El enfoque es doble: atribuir resultados a instrumentos concretos (ZEC, RIC, deducciones sectoriales) y detectar efectos no deseados (desplazamientos, concentración en pocas actividades). La cultura de evaluación se presentó como parte del diseño de políticas basadas en evidencia que refuercen la legitimidad social del REF.
