Las Palmas de Gran Canaria no cumple los requisitos de zona tensionada

El Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas (COELPA) ha concluido, a petición de la empresa pública VISOCAN, que Las Palmas de Gran Canaria no cumple ninguno de los criterios establecidos en la Ley 12/2023 de Vivienda para ser declarada zona de mercado residencial tensionado. Así lo expone un informe técnico presentado este jueves, que analiza la situación con base en datos oficiales y criterios estrictamente económicos.

Análisis jurídico-económico con respaldo institucional

El estudio, titulado 'Zona de Mercado Residencial Tensionado: municipio de Las Palmas de Gran Canaria', se enmarca en el convenio de colaboración entre COELPA y VISOCAN, adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. El objetivo ha sido valorar la viabilidad legal y económica de aplicar la figura de "zona tensionada" en el Archipiélago.

Según el decano de COELPA, Alcibíades Trancho Lemes, el análisis se ha elaborado con total rigor metodológico y recurriendo exclusivamente a fuentes oficiales. Ni el esfuerzo económico de las familias ni el crecimiento de los precios inmobiliarios superan los límites legales, por lo que no procede declarar ninguna zona del municipio como tensionada.

Evolución demográfica y parque de viviendas

El informe expone una caída demográfica de 5.316 habitantes entre 2011 y 2023, lo que contrasta con el aumento del parque de viviendas en más de 23.000 unidades en las últimas dos décadas. Esta evolución ha generado un excedente de más de 12.000 inmuebles, al que se suman más de 7.000 viviendas sin uso definido y casi 25.000 viviendas vacías.

La doctora Rosa Rodríguez, coordinadora del estudio, subraya que no existe escasez estructural de vivienda, sino una sobredimensión del parque residencial no incorporado al mercado por los propietarios.

Criterios legales y precios de mercado

La Ley 12/2023 establece como requisitos para declarar una zona tensionada que los costes residenciales superen el 30% de la renta familiar y que los precios hayan subido más de tres puntos por encima del IPC en cinco años. Según el estudio, ninguno de estos parámetros se cumple ni a nivel municipal ni en los cinco distritos capitalinos.

Además, se advierte sobre la poca fiabilidad de los precios publicados en portales como Fotocasa o Idealista, ya que muestran precios de salida y no de cierre de las operaciones, por lo que no reflejan con precisión el mercado real.

"En sus Webs, los portales reconocen que sus cifras no reflejan ni el precio medio corriente del alquiler ni el importe final de transacción. Son datos orientativos del mercado en bruto, sin depuración ni validación técnica, presentando unas diferencias significativas respecto a los datos oficiales", lo que hace dudar sobre la consistencia de los datos para la toma de una decisión tan importante, apuntan los economistas.

Capacidad económica y estructura de los hogares

Los distritos Centro, Ciudad Alta e Isleta-Puerto-Guanarteme presentan rentas superiores a la media regional, lo que refleja una mayor capacidad para afrontar pagos residenciales.

Por otro lado, más de la mitad de los hogares están compuestos por uno o dos miembros, lo que pone de manifiesto la necesidad de viviendas de menor tamaño.

También se recuerda que, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo (2129/2025), ciertos gastos como las cuotas de comunidad no deben imputarse al inquilino, a menos que el contrato lo indique explícitamente.

Propuestas y recomendaciones del Colegio de Economistas de Las Palmas

El Colegio de Economistas de Las Palmas concluye que no existe base legal ni técnica para declarar zona residencial tensionada a Las Palmas de Gran Canaria. En su lugar, propone:

• Analizar el parque público de viviendas disponible.
• Identificar inmuebles heredados o en manos de la administración.
• Estudiar causas de la vivienda vacía, como la inseguridad jurídica.
• Fomentar la rehabilitación y división de viviendas grandes.
• Ofrecer incentivos fiscales eficaces, también a nivel municipal.
• Reforzar el Observatorio de la Vivienda como herramienta clave para el análisis del mercado.
• Revisar la Ley 12/2023 para adaptarla mejor a la realidad regional.

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