NOELIA C. DEL TORO
Las dos compañías tienen presencia en conexiones relevantes, especialmente en las rutas entre el sur peninsular y el Estrecho, y entre la Península y Canarias, un espacio especialmente sensible por su peso en la movilidad de viajeros y en el abastecimiento de mercancías del Archipiélago.
En el caso canario, la CNMC apreció riesgos para la competencia y exigió compromisos específicos antes de autorizar la compra. En cambio, en la operación vinculada al estrecho de Gibraltar, el regulador concluyó finalmente que no existen amenazas relevantes para la competencia y aprobó la adquisición sin condiciones adicionales.
Durante el análisis de la operación en Canarias, la CNMC consideró que la compra podía derivar en una situación de monopolio en parte del mercado del transporte marítimo regular de pasajeros y carga rodada en esa ruta. Además, advirtió de que, en el ámbito interinsular, Baleària pasaría a ocupar la posición que hasta ahora tenía Armas, con el consiguiente impacto en el equilibrio competitivo.
Entre las principales alertas del regulador figuraba la posibilidad de una reducción de frecuencias, así como un deterioro de la calidad del servicio. Según el análisis de Competencia, la nueva situación podría incentivar la supresión de aquellas conexiones menos rentables, afectando a la oferta disponible para usuarios y operadores logísticos.
La CNMC también puso el foco en un posible aumento de precios en rutas de pasajeros que no cuentan con Obligación de Servicio Público, como ocurre en la línea Huelva-Canarias, además de eventuales efectos en el transporte de mercancías. A ello se sumaba otro elemento de peso: la desaparición de uno de los dos operadores históricos que venían prestando servicio en esta zona.
Para superar esas objeciones, Baleària presentó una batería de medidas que la CNMC considera adecuadas, suficientes y proporcionadas para neutralizar los efectos negativos que podía generar la operación en Canarias.
Uno de los compromisos centrales consiste en disolver la comunidad de bienes mediante la que Baleària explotaba junto a Fred Olsen la ruta Huelva-Canarias. Además, la naviera se compromete a no firmar acuerdos horizontales similares con ninguna otra compañía en esa misma línea.
A ello se añade la obligación de mantener la capacidad y las frecuencias actuales, un aspecto clave para evitar un retroceso en la conectividad marítima del Archipiélago. La empresa también asume una inversión de 25 millones de euros en tres años para mejorar la flota adquirida a Armas, con el objetivo de elevar sus prestaciones y adaptarla a los estándares operativos de Baleària.
Dentro de ese paquete de medidas figura igualmente el compromiso de reforzar la competencia en rutas entre Islas, con la reactivación de conexiones que habían dejado de prestarse, como la ruta Morro Jable-Las Palmas, que Armas ya no operaba.
Concluida la investigación en segunda fase, la CNMC entiende que las condiciones ofrecidas por Baleària resuelven los problemas detectados en Canarias. No obstante, la autorización no cierra del todo el proceso institucional.
Ahora, la decisión debe ser comunicada al ministro de Economía, Comercio y Empresa, que valorará si la eleva al Consejo de Ministros. Ese paso permitiría analizar la operación desde criterios de interés general distintos a los estrictamente vinculados con la defensa de la competencia.
Los compromisos aceptados tendrán una vigencia general de tres años y estarán sometidos a la supervisión del regulador. Durante ese periodo, Baleària deberá remitir información a la CNMC en los plazos fijados, con el fin de acreditar que cumple las obligaciones asumidas respecto a frecuencias, capacidad, inversión y competencia efectiva en las rutas afectadas.
En paralelo, la operación relativa al estrecho de Gibraltar siguió un camino distinto. La investigación en segunda fase se abrió por la posible interacción con otra operación en la misma zona, pero el análisis final de la CNMC descarta problemas de competencia. Por ese motivo, la compra de activos en ese ámbito ha sido autorizada sin necesidad de compromisos.
La resolución deja así dos escenarios diferenciados: Canarias, donde la autorización queda ligada a un paquete de medidas correctoras, y Gibraltar, donde el regulador no ha visto razones para imponer condiciones.
La decisión de la CNMC resulta especialmente relevante para Canarias por el papel que desempeña el transporte marítimo en la vida diaria del Archipiélago. No se trata solo del movimiento de pasajeros entre Islas o con la Península, sino también del flujo de mercancías, suministros y actividad económica asociada a puertos y conexiones estratégicas.
Por eso, el regulador ha optado por permitir la compra, pero blindando aspectos sensibles como la competencia, la continuidad de las rutas, la calidad del servicio y la modernización de la flota. El cumplimiento real de esas medidas será ahora el factor decisivo para evaluar si la integración de activos entre Baleària y Armas-Trasmediterránea acaba reforzando o debilitando el equilibrio del mercado marítimo canario.
