JAVIER ROSALES
María Fernández ha resaltado que con esta norma la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias pretende adecuar el sistema normativo a las nuevas directrices de Europa, sin menoscabar la capacidad de carga del Archipiélago, todo ello bajo parámetros de eficiencia, para lograr una movilidad más sostenible en el sector profesional.
En este sentido, esta modificación de la ley del transporte supondrá un futuro reglamento que, bajo criterios objetivos de sostenibilidad, de capacidad de carga del territorio y de organización del tráfico, va capacitar a los cabildos a regular su operativa.
Durante el desarrollo de estas dos mesas, la directora general ha aprovechado para analizar otros asuntos prioritarios en su área. En esta línea, ha abordado la posibilidad de actualizar otros aspectos de la ley del transporte "que se han quedado desactualizados, y que ya habíamos acordado regular en la mesa anterior, a través de actualizaciones reglamentarias o modificaciones puntuales de la ley".
"Vamos a seguir analizando qué aspectos de la norma se pueden actualizar para que el sector opere de forma más moderna, mejorando, por ejemplo, el número de vehículos, la flota mínima o la capacidad económica para acceder a la profesión de transportista, entre otros", ha puntualizado Fernández.
Asimismo, ha recordado que la Consejería ha iniciado los procesos para desbloquear el Registro de Operadores del Transporte Terrestre de Canarias, un reclamo histórico del sector que llevaba más de una década sin resolverse y que es crucial para la modernización y la transparencia del transporte en las Islas.
María Fernández ha recordado que en febrero fue adjudicado el contrato del servicio de consultoría, desarrollo, implantación y soporte del Registro de Operadores Terrestres de Canarias y su cuadro de mando, por un importe de 1.303.899,74 euros, a la empresa Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarios, SL.
Por último, la directora general de Transportes ha informado a los asistentes sobre la apertura del proceso de participación ciudadana al que se va a someter el proyecto de ley de movilidad sostenible para Canarias, que se elevará al Consejo de Gobierno en las próximas semanas.
"Queremos que los sectores y las administraciones implicadas sean parte del proceso para que no sea la ley de un gobierno, sino la ley del sector y de la ciudadanía para las próximas décadas. Por ello, nos vamos a tomar todo el tiempo posible y necesario para este proceso previo y conocer qué se tiene que regular, moderar y contemplar para movernos de una manera más eficiente, más sostenible y más amable con nuestro medio ambiente", ha concluido Fernández.
Esta iniciativa responderá a las necesidades de la movilidad de la sociedad canaria en el conjunto de las ocho Islas, favoreciendo la transición hacia un sistema sostenible de movilidad en Canarias.
