JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La extensión jurídica del acuerdo técnico que regula la producción cartográfica en las Islas ha quedado formalizada de manera definitiva. La resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional ratifica la adenda de prórroga firmada entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Gobierno de Canarias. Este instrumento extiende cuatro años más la vigencia del convenio original formalizado en 2022, garantizando la continuidad operativa de los sistemas de información del Archipiélago bajo el paraguas normativo de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
La función central del acuerdo radica en la unificación y estandarización de los datos métricos y geográficos bajo un único protocolo estatal. La fragmentación administrativa y la complejidad topográfica canaria exigen la eliminación de discrepancias en las bases de datos de suelo. El Sistema Cartográfico Nacional actúa como el nodo centralizador que impide que el Estado y la autonomía manejen cartografías dispares, unificando la delimitación de infraestructuras críticas, redes de transporte y deslindes de costas.
La optimización presupuestaria constituye la segunda función operativa de esta prórroga. Al integrar las capacidades de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional con las agencias técnicas regionales, el acuerdo establece obligaciones estrictas para la coproducción, actualización e intercambio de información geográfica. Esta metodología de trabajo compartido suprime las duplicidades en los contratos públicos de vuelos fotogramétricos, escaneos por satélite y levantamientos topográficos terrestres, reduciendo el gasto de capital de ambas administraciones.
La gobernanza de estos datos geográficos compartidos es el tercer pilar funcional del pacto. El traspaso de las competencias cartográficas desde la antigua estructura de Transición Ecológica hacia la actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, liderada por Manuel Miranda Medina, queda blindado bajo los mismos términos jurídicos firmados hace cuatro años. Las imágenes, mapas de relieve y bases de datos generados en las islas nutren de forma automática los expedientes de planificación económica y las directrices de ordenación del suelo de la comunidad autónoma.
La cuarta función crítica se enfoca en la seguridad jurídica del territorio y la gestión de contingencias ambientales. La precisión cartográfica derivada de esta colaboración institucional sirve de base legal para la confección de los mapas de riesgo ante fenómenos naturales adversos, la delimitación de espacios protegidos y la ordenación del litoral. La validez legal de las nuevas capas de información geográfica se activará de forma definitiva una vez que la adenda quede inscrita de manera oficial en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal.
