Como punto de partida, la consejera ha asegurado que garantizar el estado de bienestar, con especial atención a los más vulnerables, y dar prioridad absoluta al gasto social son dos de los criterios que se han seguido a la hora de elaborar estos presupuestos. Unos presupuestos ajustados a las reglas fiscales y calculados en base al gasto real de todas las consejerías y centros directivos.
El crédito inicial de las cuentas públicas canarias asciende a 11.678 millones de euros. Esto supone un incremento del 3,3%, lo que se traduce en 376 millones de euros más respecto a los presupuestos iníciales de 2024, que se destinarán, principalmente, a garantizar la sanidad, la educación, el bienestar social y, este año también se incluye en esta terna el acceso a la vivienda de los canarios "por considerarlo una necesidad social. De hecho, se ha destinado un incremento de 170 millones a la vivienda, el más alto que se ha dado nunca en Canarias".
De esta manera, la Comunidad Autónoma destina el 72% de su presupuesto; es decir, 72 de cada 100 euros, a la cobertura de los servicios públicos esenciales. La consejera ha resaltado la cautela con la que se han elaborado estos presupuestos, dada la situación de incertidumbre y de desconocimiento de magnitudes importantes para su elaboración, dotándolos de los créditos suficientes para priorizar el gasto público social de una manera realista y evitar tener que hacer correcciones no deseadas en el futuro. Matilde Asián también ha recordado que hasta septiembre no se recibieron las entregas a cuenta y que todavía hay 800 millones de euros pendientes de transferir por parte del gobierno de España.
Para la consejera, "el carácter social del presupuesto impregna todas las partidas del presupuesto", incluida la política de gastos, a la que el presupuesto destina 370 de los 376 millones de euros del incremento de este año. Lo mismo ocurre en el capítulo de personal, en el que el 95% de la partida de los gastos de personal se destina a cubrir al aumento del personal sanitario, docente o del personal de justicia y seguridad.
En la parte de ingresos, la consejera recordó que el presupuesto se nutre, fundamentalmente, de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica y del Bloque de Financiación Canario y los impuestos propios, pero alertó de la fuerte caída de ingresos que se ha producido por la disminución de la anualidad del convenio de carreteras en 72 millones y por la disminución de las cuantías en los fondos europeos. En lo que se refiere a los recursos que llegan de Europa, Matilde Asián ha explicado que la caída de ingresos asciende a 243 millones y está provocada por la desaparición de los ingresos de los fondos React UE- FEDER y React UE-Fondo Social Europeo, al finalizar en 2023 su período de ejecución y en 2024, el período de certificación. Lo mismo ocurre con los fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuyo límite temporal es 2026, lo que también tendrá un impacto en el presupuesto que debe tenerse en cuenta.
En cuanto al poco margen de crecimiento del presupuesto, consecuencia de la tasa de crecimiento fijada por el Gobierno de España, la consejera se ha referido a la necesidad de la actualización de la regla del gasto, que se estableció en 2012 en una situación completamente distinta a la actual y que no se ha actualizado respecto al cambio normativo que desde abril rige las reglas fiscales europeas. "La propia AIReF recomienda a España que traslade al ordenamiento español los cambios de la normativa europea que flexibilizan esta regla, atendiendo a la situación de cada región. Esto nos permitiría revertir el incremento del PIB en beneficio de los canarios". Además, recordó que es la propia AIReF la que otorga a la CAC un incremento del gasto computable para 2025 del 3,9%, si se toma la normativa española, y un 2,2% con la regla de gasto europea. "Esto quiere decir que el Gobierno de España nos está impidiendo gastar esa diferencia".
Respecto a la política tributaria del gobierno de Canarias, la consejera insistió en que es progresiva, justa y suficiente, como establece la Constitución española, y no es partidaria de aumentar la recaudación de manera recurrente. "Los impuestos hay que recaudarlos, fundamentalmente, para proteger a los colectivos más vulnerables y por eso, seguimos apostando por bajar los impuestos".
El presupuesto contempla medidas tributarias que garantizan una tributación justa y equilibrada, que beneficia a las familias y, por este motivo, se ha hecho especial hincapié en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es importante señalar que todas las medidas del IRPF se aprueban con efectos desde 2024 y se verán reflejadas en esta próxima campaña de la renta, lo que supone un importante ahorro fiscal para los contribuyentes.
En general, se establece una clara mejora en las deducciones en el tramo autonómico, tanto en las cuantías de las deducciones como en los contribuyentes que tienen derecho a su aplicación, al incrementarse los límites máximos de renta para aplicar las deducciones.
También se elimina la deducción por alza de precios, al considerar que el ritmo descendiente de la inflación no justifica en este momento su vigencia. En cambio, se sustituye por una deflactación de la escala autonómica en todos los tramos. En este sentido, la consejera ha dicho que "estos cambios otorgan mayor seguridad jurídica, al eliminar una deducción transitoria y temporal y transformarla en deducciones que son estructurales". Y también, por primera vez en Canarias, se eleva la cuantía del mínimo personal y familiar.
Respecto al acceso a la vivienda, la apuesta del Gobierno de Canarias es clara. De hecho, las deducciones que más han incrementado su importe, son las destinadas a paliar el precio de adquisición de las viviendas habituales y del arrendamiento de viviendas.
Además, con el objetivo de incentivar la salida al mercado de viviendas vacías, el propietario podrá beneficiarse de deducciones en los gastos de reforma, siempre que ese inmueble lo destine al alquiler. En el mismo sentido, también habrá deducciones por cada vivienda que se ponga en el mercado de alquiler. En ambos casos, el destino tiene que ser siempre vivienda habitual.
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