NOELIA C. DEL TORO
Con un resultado de 179 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención, el Congreso ha validado este decreto, que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para implementar un mecanismo permanente de distribución de estos jóvenes. Este acuerdo se alcanzó tras negociaciones con Junts el 17 de marzo, lo que facilitó su apoyo.
La aprobación de este decreto permitirá al Gobierno avanzar en la implementación de este nuevo sistema, que en su primer año prevé trasladar aproximadamente 4,000 jóvenes desde Canarias y 400 desde Ceuta, aunque estas cifras aún están sujetas a confirmación. Además, las comunidades autónomas sobrecargadas podrán derivar a los nuevos menores que reciban en un plazo de 15 días.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que la convalidación del decreto representa un paso significativo hacia la justicia para Canarias, afirmando que "hoy hemos dado un gran paso, ya que, España se dota de un sistema nacional de acogida de menores no acompañados". Clavijo subrayó que esta es una victoria colectiva para Canarias, destinada a garantizar el bienestar de los niños y niñas migrantes. El presidente también expresó su confianza en que se respetará la ley y defendió el decreto en caso de impugnaciones, asegurando que no se permitirán tácticas dilatorias que comprometan los derechos de los menores.
Clavijo enfatizó que, por primera vez en 30 años, se ha logrado una respuesta estatal a un fenómeno migratorio que ha sido históricamente difícil de gestionar. Agradeció a diversos sectores, incluidos los medios de comunicación y los grupos políticos, por su colaboración en la búsqueda de soluciones, a excepción de Vox.
El Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, llega 18 meses después de que el Gobierno canario declarara una emergencia social debido a la crisis migratoria en las Islas.
Durante este año y medio, el Gobierno de Canarias ha liderado esfuerzos ante el Estado y la Unión Europea para abordar la situación en la Frontera Sur de Europa, buscando una gestión solidaria y corresponsable del fenómeno migratorio. Esto incluye la solicitud de un mando único para una gestión más eficiente y la ampliación de fondos estatales destinados a la atención de menores no acompañados. Además, el Gobierno de Canarias ha trabajado en colaboración con entidades sociales para garantizar la atención a una red de recursos de acogida que ha llegado a albergar casi 6,000 menores. También se ha establecido una estrategia con la Unión Europea que resultó en un paquete de medidas extraordinarias para enfrentar la crisis migratoria.
Por último, el Gobierno canario ha impulsado proyectos de cooperación con países vecinos, como el proyecto 'Tierra Firme' en Senegal y Mauritania, y ha lanzado la primera Estrategia Canarias-África, con el objetivo de posicionar al Archipiélago como un puente de desarrollo y prosperidad entre Europa y África.
