JAVIER ROSALES
Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo, ha destacado que el propósito de esta reforma es crear un marco normativo integral y actualizado que aborde los desafíos del destino turístico desde una perspectiva sostenible. Se busca considerar la vulnerabilidad del territorio insular y el bienestar de sus habitantes. La nueva regulación deberá ser coherente con la realidad actual y adaptarse a los cambios en la normativa estatal y autonómica, eliminando rigideces innecesarias y aquellas impuestas por el Tribunal Constitucional.
De León ha señalado que la modificación de la Ley 7/1995 conllevará cambios significativos en la Ley 2/2013, dado que ambos textos abordan aspectos comunes. La intención es actualizar estas leyes para facilitar su comprensión y aplicación tanto para los ciudadanos como para los profesionales del sector, simplificando así las normativas que rigen la actividad turística en las Islas.
La nueva legislación se enfocará en los retos que enfrenta un destino turístico maduro como Canarias, priorizando la sostenibilidad social, ambiental y económica. La consejera ha enfatizado que se incluirán medidas para mitigar los efectos de la escasez de vivienda en las áreas turísticas, atendiendo a las necesidades habitacionales de la población local.
La situación actual motivó la aprobación en marzo del Decreto Ley de medidas urgentes, que modifica la Ley 2/2013. Este decreto anticipa acciones necesarias en el uso del suelo y la reconversión de ciertos establecimientos turísticos, con el objetivo de mejorar la situación habitacional y proporcionar seguridad jurídica a quienes residen en zonas turísticas.
La futura normativa también abordará el estatus de los municipios con alta afluencia turística, diferenciándolos de aquellos que, aunque forman parte del destino Islas Canarias, no enfrentan la misma presión en la prestación de servicios públicos ni sobre el territorio. Estos municipios tendrán un enfoque distinto en las políticas de infraestructura y servicios.
Además, se prevé la inclusión de aspectos relacionados con la renovación y modernización de áreas turísticas deterioradas, alineándose con estándares más exigentes en planificación y construcción, en consonancia con las modificaciones del marco normativo europeo, estatal y autonómico.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias cumple con la agenda establecida al inicio de la legislatura, que incluye la renovación del marco normativo del turismo. Entre los hitos legislativos se encuentra la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que regula el alquiler vacacional, la modificación del decreto para actividades de Turismo Activo, el primer reglamento para la regulación de campings y acampadas, así como la reforma de las leyes 7/1995 y 2/2013.
Esta reforma representa un importante paso hacia un turismo más sostenible y adaptado a las necesidades de la comunidad local en Canarias.
