José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, en el podcast Ultima Ratio

El abogado penalista Antonio J. Rubio Martínez, acompañado de su compañero Javier Velasco Almendral, conversan, en este episodio del podcast Ultima Ratio, con el magistrado canario José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional desde 2014 y hasta dentro de unos días, ya que el pasado mes de julio terminó su mandato de cinco años y, según la normativa vigente, no puede optar a un tercero, limitando así la duración máxima en el cargo a diez años.

Con una trayectoria de más de 40 años en la judicatura, Navarro se prepara para una nueva etapa. Aunque aún no ha decidido cuál será su próximo destino, valora opciones como regresar a la jurisdicción militar, que marcó el inicio de su carrera, o aspirar a una plaza en el Tribunal Supremo. También contempla dedicarse a su vida familiar y reflexionar sobre sus próximos pasos en un entorno de tranquilidad. En esta entrevista José Ramón Navarro Miranda hace balance de su etapa y señala los retos de la Justicia.

P: ¿Cómo vives estos últimos días al frente de la Audiencia Nacional?

R: La ley impide que me pueda volver a presentar a la reelección, da solo dos mandatos que son los que yo llevo, y eso, en el fondo, da cierta tranquilidad de ánimo. Sabes que tu etapa ha acabado, y ya serán otros quienes juzguen cómo han ido estos 10 años.

P: ¿Qué balance haces de tu etapa al frente de la Audiencia Nacional?

R: Han sido 10 años bastante tensos en la sociedad española. Las competencias de la Audiencia Nacional son muy centradas, pero son muy amplias también. Hemos tenido una discusión eterna sobre el tema del terrorismo. ETA acordó disolverse, y afortunadamente acabó uno de los grandes problemas de nuestro país, pero nosotros seguimos enjuiciando.

Luego ha venido el terrorismo yihadista, con el que seguimos luchando. Después de los atentados de ETA tuvimos el de Barcelona, que fue uno de los momentos, quizás de más shock dentro de la Audiencia Nacional, que fue enjuiciado y hay sentencia del Tribunal Supremo.

En materia de delitos económicos, hemos vivido, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con las entidades financieras, determinadas Cajas de Ahorros, las fusiones, las salidas a bolsa de determinados bancos que produjeron una convulsión también en los momentos postcrisis económica. Por tanto, no nos hemos privado absolutamente de nada. Han sido judicialmente años muy intensos.

Uno de los aspectos que más están ocupando y preocupándonos internacionalmente, y a la Fiscalía, es el tráfico de drogas, que está aumentando porcentualmente de una forma muy llamativa.

P: ¿Cuál es el estado actual de este órgano judicial en su conjunto?

R: Es cierto que cuando se habla de la Audiencia Nacional parece que nos centramos en el tema de la jurisdicción penal. Pero tenemos una jurisdicción tan importante como la penal, como es la contencioso-administrativa, que tiene bajo su jurisdicción los actos administrativos y las resoluciones más importantes de nuestro país a nivel de secretario de Estado o de ministro.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene el doble de magistrados que la Sala de lo Penal o de los Jueces Centrales de Instrucción, pero es una labor mucho más callada, porque socialmente no tiene esa trascendencia tan llamativa de los focos de los periodistas. Esta Sala lleva trabajando desde hace muchos años de una manera absolutamente solvente y envidiable, dando solución a los problemas de nuestro país.

En la Sala de lo Social, cuando yo accedí al cargo hace 10 años, se estaba aplicando la ley de la reforma laboral. Ahora, afortunadamente, esa pequeña sala, que sólo tiene tres magistrados, tiene menos asuntos, pero son grandes conflictos colectivos, que se están llevando también con absoluta normalidad y sin que haya un especial foco de atención por los periodistas, lo que significa que se está trabajando bien y haciendo las cosas.

En la jurisdicción penal, en estos 10 años hemos consolidado las infraestructuras. Ahora mismo, la Audiencia Nacional no tiene un solo papel, está todo en la nube, digitalizado. La modernización de la Audiencia Nacional en materia de Informatización, de llevanza del proceso, es prácticamente modélica.

La firma se puede realizar en cualquier sitio. Los abogados saben que con una clave entran a todo el procedimiento desde la nube. Eso hace que se simplifique el sistema y que sea mucho transparente. Es un avance y procesalmente mucho más rápido.

P: ¿Te vas con la espina clavada de no haber conseguido algún objetivo?

R: Si lo he hecho bien o mal, no tendré que decirlo yo, lo dirán con el paso del tiempo, los compañeros, los abogados o los periodistas.

Respecto a si me ha quedado alguna cosa, siempre se queda. Por ejemplo, ha habido algunas cuestiones importantes que son decisivas para el buen funcionamiento de la Audiencia Nacional, como es la clarificación de sus competencias en materia penal.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, a la hora de atribuir las competencias en esta materia, no lo hace de una forma clarificadora que evite conflictos de competencias entre los órganos judiciales.

También es cierto que hemos aumentado en competencias. Hace un par de años asumimos las competencias en materia de los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea. Y ello con una novedad importante impuesta por la Unión Europea, como es la creación de una Fiscalía en esta materia, que se adscribe a la Audiencia Nacional. Y lo que hace es atribuirle al Ministerio Fiscal en esta materia la instrucción de los procedimientos, una vieja reivindicación.

En los delitos financieros es el Ministerio Fiscal el que instruye y los jueces de la Audiencia Nacional en, una novedad legislativa en nuestro país. Los jueces centrales de instrucción, en vez de estar instruyendo en los procedimientos, lo que hacen es ser jueces de garantías de los procedimientos que está instruyendo la Fiscalía Europea.

Se han atribuido otras competencias a la Sala de lo Penal, como es todo lo referido al contrabando de armas y de materiales de doble uso.

Yo creo que ha ido confiando en nosotros progresivamente el legislador y la sociedad, atribuyendo estas importantes competencias. Y eso sí es un logro de asentamiento de la Audiencia Nacional. No hay que olvidar que es el tribunal de más reciente creación de nuestra historia, se creó en 1977, quitando al Tribunal Constitucional, que tiene su propia identidad.

P: ¿Qué tarea pendiente tendrá que asumir quien te sustituya en la Presidencia y qué consejo le daría a su sucesor?

R: La competencia del presidente de la Audiencia Nacional es gubernativa. Lo que hace es organizar, llevar a cabo todas las inspecciones que entienda que son procedentes o le encargue el Consejo para la buena marcha; conceder los permisos, el ámbito disciplinario, presidir la Sala de Gobierno, que es la que pide las comisiones al Ministerio, al CGPJ, etc. Es un cargo en el que tienes que hacer todo lo posible para que el engranaje de la Audiencia Nacional funcione de la mejor manera posible.

Siempre hay roces, y hay que evitar que se produzcan. Y si se han producido, suavizarlos. Es una labor de día a día y que exige una gran confianza en tus compañeros. Y eso es lo que a mi más me ha marcado. Me han rodeado de afecto, de comprensión y cuando he tomado medidas que no les ha gustado, en el fondo las han comprendido y reconocido. Eso es la mayor recompensa.

A quien me suceda le diría que esa va a ser la gran satisfacción que tenga cuando se acabe su mandato de cinco de 10 años.

P: También has presidido la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el TSJ Canarias. ¿Existe alguna diferencia sustancial entre esos cargos y ser el presidente de la Audiencia Nacional?

R: Sí, fundamentalmente dos cuestiones. Una es que la Audiencia Nacional es un tribunal que está en el foco social, de la prensa. Si hablamos, por ejemplo, de mi territorio querido, Canarias, allí sí se ve quizás más inmediatamente, pero la repercusión a nivel nacional es inferior.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por ejemplo, preside la Sala Civil y lo Penal, el de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife preside una sección, bien civil o penal. En cambio, la función del Presidente de la Audiencia Nacional es meramente gubernativa: organizar, luchar con el Ministerio para mayores medios, luchar para que tenga los mejores edificios…

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, dentro de en unos meses inaugurará una nueva sede en uno de los sitios más emblemáticos de Madrid, en Paseo de la Castellana, esquina con Ayala. Un edificio nuevo, y es una satisfacción para jueces y magistrados en cuanto a medios. También se va modernizando todo lo que tiene que ver con la informática.

Por otro lado, quizás también tendrá que lidiar un poco con los egos de todos los compañeros, porque la Audiencia Nacional tiende a hacer a los jueces sentirse un poco centro de la sociedad y, por lo tanto, eso hay que atemperarlo.

Ahora bien, mis compañeros, una de las cosas que han hecho bien es bajar ese nivel, algo que beneficia a todo el mundo.

P: ¿Cómo se gestiona como presidente de la Audiencia Nacional la relación con los medios de comunicación y el impacto mediático y esa gestión de los propios jueces y magistrados con los medios de comunicación?

R: Cuando lo que hacemos trasciende a la sociedad es por medio de los medios de comunicación. En la Audiencia Nacional tenemos una auténtica oficina para los periodistas, con estudios al lado de las salas de vistas, donde pueden escribir o ver los juicios.

Además, desde hace años  todos los juicios se pueden ver en directo en Youtube.

Esa transparencia es infinita.

P: Cuando estamos en la fase de instrucción, en muchas ocasiones vemos ese juicio paralelo que se produce en la prensa y el acceso a escritos y resoluciones prácticamente de manera directa. ¿Cómo valoras tú esa cooperación o ese acceso que están teniendo los medios de comunicación a la propia fase de investigación de cualquier procedimiento penal?

R: Desde hace más de un siglo, la ley previó que el sumario sea secreto para todo el mundo que no sean las partes. El secreto de las actuaciones, cuando se decreta formalmente, es para la parte investigada, curiosamente. Para todo el mundo es secreto hasta que no pase la fase sumarial. ¿Qué ocurre? Como han dicho  el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que compatibilizar, sin hacer daño a la presunción de inocencia de la persona que está siendo investigada, la necesidad de que el ciudadano conozca qué está ocurriendo.

El CGPJ ha establecido protocolos y ha establecido oficinas de prensa en todos los tribunales. Lo normal es que nosotros intentemos compaginar ese derecho a la presunción de inocencia y ese derecho que tiene la sociedad a conocer lo que está ocurriendo cuando algo es socialmente importante, y solemos hacerlo. El periodista, por su parte, tiene derecho a publicar todo de lo que tiene conocimiento, y muchas veces vemos ahí filtraciones.

Debemos educarnos en el respeto a esas dos cosas. En el momento que hay una persona más débil, que es el que está siendo investigado y en el que haya un juicio paralelo, comentarios, tertulias, noticias más o menos incompletas le pueden perjudicar.

Uno de los grandes problemas que está por solucionar es la tardanza en los juicios. En ocasiones, pasan muchísimos años desde que se inicia una investigación hasta que hay una sentencia firme, con lo que ello conlleva de dolor personal, familiar y laboral.

Entre todos tenemos que evitarlo. Sólo hasta que haya una condena firme debe considerarse a alguien culpable. Mientras tanto, tiene que otorgarse esa presunción.

También es necesario acortar los juicios. En muchas sentencias se está apreciando el retraso en la administración de justicia como una atenuante calificada y a veces muy cualificada, pues es una especie de frustración.

Hay una instrucción larga en muchas ocasiones porque son muy complicadas. Nosotros tenemos, además, una situación muy especial, ya que por las competencias que tenemos dependemos mucho de comisiones rogatorias a determinados países que duran años. Esto, entre todos, tenemos que hacer que sea lo más fácil posible.

P: Para casos donde tras estar años sometido a una investigación, luego no hay indicios para acusar o termina absuelto, ¿sería bueno que el legislador pudiera prever o formalizar algún tipo de resarcimiento para el investigado?

R: Sí. En esto tenemos que seguir avanzando. En su día costó mucho que se indemnizara a alguien que hubiera estado en prisión preventiva y finalmente resultara absuelto.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos también va avanzando en ese sentido cuando se lesiona un derecho. Antes, para quien ganaba un procedimiento en Estrasburgo no había ninguna represión económica que no fuera meramente simbólica. Pues en eso se ha avanzado también. Ahora resulta que esas sentencias pueden llevar a un recurso de revisión ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La indemnización en dinero, por desgracia, es la única que queda cuando te lesionan un derecho. Reponer un derecho, reponer el sufrimiento no hay manera de hacerlo, sino con la satisfacción personal, por un lado, y, por otro, la vía económica.

P: Otro tema preocupante es el de las filtraciones en fase de instrucción…

R: El interesado en que trascienda algo no es el órgano judicial. No veo ningún interés en ello por parte de un funcionario, un juez o un fiscal. El tribunal hace todo lo que puede para que evitar esas filtraciones, pero el sistema, por lo que sea, hace que puedan existir.

Nosotros hemos podido abrir en la jurisdicción todos los procedimientos que quieran por revelación de secretos, por vulneración de un sumario, pero en cuanto llamas al periodista que lo publica, su derecho a no revelar la fuente y a publicar lo que conoce, para el procedimiento.

Es necesario que seamos conscientes de que las filtraciones perjudican al sistema, y si perjudican al sistema, perjudican a la sociedad.

P: ¿Qué perspectivas de futuro tienes tras dejar la Presidencia de la Audiencia Nacional?

R: Llevo más de 40 años en la jurisdicción, desde el año 83 que empecé a trabajar, primero en el Ministerio de Defensa. En este momento en que tengo que replantear mi vida por imperativo legal, quedaría adscrito bien al tribunal de procedencia, que es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, bien de donde ceso, que es en la Audiencia Nacional, donde me inscribiría el Consejo.

Y luego ahí tendría la posibilidad, cuando haya alguna vacante, en la Sala Segunda, que es más complicada porque no hay vacantes ahora mismo, o la Sala Quinta que es un sitio no solo entrañable, sino que volvería a hacer lo que hacía hace 40 años.

Ahora, en Navidades tengo dos semanas para plantearme la vida, desde Canarias, con mi familia y amigos. Aún no tengo decidido nada.

P: Fuiste abogado del Cuerpo Jurídico de la Defensa, el ‘número 1’ de tu promoción. ¿De dónde viene esa relación con la jurisdicción militar?

R: Mi padre era médico militar. De pequeño fui muchas veces a acompañarlo al hospital militar. He vivido el Ejército y cuando acabé la carrera de abogado, una de las posibilidades que tenía era presentarme a las oposiciones de jurídico-militar, y así hice, y entré en el cuerpo jurídico-militar. Es un cuerpo al que le tengo un afecto absolutamente incombustible, que me enseñó mis primeros años de justicia y de asesoramiento.

El cuerpo jurídico militar tiene tribunales, juzgados, pero también asesora al mando del Ministerio de Defensa. Es un cuerpo muy completo y dentro de la jurisdicción, daba muchas posibilidades porque podía ser secretario relator, juez togado, miembro de un tribunal o fiscal cambiando de destino, lo cual lo hacía un destino muy versátil.

Tuve la satisfacción y el privilegio de que mi último destino en el cuerpo jurídico militar sobre 1988 fue nada menos que la Fiscalía de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Por eso digo que volver a la jurisdicción militar sería precioso.

P: ¿Para ti, sería más emotivo terminar tu carrera en la Sala de lo Penal o la de lo Militar del Tribunal Supremo?

R: Acabar en el Tribunal Supremo ya es fenomenal. A lo mejor resulta que ahí sale juez de enlace en La Haya. No sé. Tengo las vacaciones para pensar.

P: ¿Y en la abogacía?

R: No lo sé. Fui ocho años abogado y me desagrada cuando cualquier compañero dice a alguien que se ha ido a la abogacía: "se ha pasado al lado oscuro". Se puede hacer tanto o se hace tanto por la justicia en este país siendo abogado que siendo juez o que siendo fiscal.

Siempre recuerdo una anécdota de aquella etapa. Hubo un decano del Colegio de Abogados de Madrid, quien fue presidente del Consejo General de la Abogacía y senador por designación Real, que fue el primero al que conocí, Antonio Pedrol Rius, quien modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dignificó la profesión y exigió en un precepto que los abogados estarán en estrados a la misma altura que el tribunal.

Ese mensaje que dejó Antonio Pedrol Rius en la ley y en el funcionamiento de la justicia hace que estar en un lado de los estrados como fiscal, como juez, o como letrado, haga que todo el mundo se sienta en cualquiera de las funciones que sean como administrador de la justicia en nuestro país.

Fuente: Economist & Jurist