NOELIA C. DEL TORO
El dirigente nacionalista considera que el grupo de gobierno, integrado por PSOE, Unidas Sí Podemos y Nueva Canarias, ha decidido mover ficha "por fin", pero sostiene que la decisión se ha producido tarde. En su valoración, el Ayuntamiento dejó pasar un tiempo valioso en la confrontación institucional en lugar de aprovechar desde el inicio una herramienta que ya estaba disponible para impulsar vivienda pública en la capital grancanaria.
La reacción de CC se produce después de que el Ayuntamiento sacara a información pública un estudio elaborado por GEURSA, en el que se identifican 14 parcelas municipales, con una superficie total de 65.505 metros cuadrados y capacidad para levantar más de 2.000 viviendas.
Este análisis se ampara en el Decreto-ley 1/2024 del Gobierno de Canarias, una norma que abrió la posibilidad de utilizar determinados suelos públicos para facilitar la construcción de vivienda protegida. Para Coalición Canaria, el anuncio confirma que existían opciones reales para actuar antes y que la medida no responde a un avance repentino, sino a una decisión que pudo haberse adoptado meses atrás.
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David Suárez ha subrayado que esta posibilidad estaba sobre la mesa desde marzo de 2024, por lo que rechaza que el actual anuncio pueda presentarse como un gran logro político del gobierno local. En su opinión, lo ocurrido evidencia que el ejecutivo de Carolina Darias ha llegado tarde a una cuestión especialmente sensible para la ciudadanía.
El portavoz de CC recuerda, además, que el 26 de abril de 2024 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la no aplicación de los artículos 13, 14, 15 y 16 del decreto autonómico, bajo el argumento de preservar la autonomía municipal. A su juicio, aquella decisión alimentó un escenario de choque con el Gobierno de Canarias en un momento en el que la prioridad debía centrarse en ampliar la oferta de vivienda pública en Las Palmas de Gran Canaria.
Desde Coalición Canaria se sostiene que, en un asunto como la crisis de la vivienda, lo prioritario debía ser aprovechar cualquier instrumento útil con independencia de su procedencia política. Suárez defiende que, cuando una medida puede contribuir a facilitar nuevas promociones de vivienda protegida, lo responsable es activarla con rapidez y no convertirla en un elemento de confrontación institucional.
En esa línea, reprocha al gobierno municipal haber utilizado el decreto de Vivienda como un argumento de choque político y haber retrasado su aplicación práctica. Según su lectura, la urgencia habitacional exigía una respuesta más ágil, centrada en la gestión del suelo municipal y no en el debate partidista.
Coalición Canaria vincula este nuevo episodio al balance general del mandato en materia de vivienda. El partido sostiene que el Ayuntamiento no ha cumplido buena parte de los compromisos anunciados y que varias promociones siguen acumulando incidencias o aplazamientos.
Entre los ejemplos citados por David Suárez figuran las 74 viviendas de Tamaraceite Sur, que permanecen suspendidas a la espera de un modificado. También menciona la promoción de la calle León y Castillo, paralizada desde hace más de año y medio por una situación similar, así como las 36 viviendas de Tamaraceite, que igualmente han requerido modificaciones.
A esta relación añade las 148 viviendas del primer edificio de la reposición de Las Rehoyas, que continúan sin entregarse, y las 152 viviendas de Doctor Alfonso Chiscano, cuya finalización, según denuncia CC, se retrasa ahora hasta 2028. Para la formación nacionalista, esta secuencia refleja una falta de ejecución efectiva en una de las áreas más delicadas del mandato.
El portavoz de CC insiste en que el verdadero problema no radica únicamente en detectar parcelas disponibles, sino en contar con capacidad de gestión para convertir esos suelos en promociones reales. En su opinión, el gobierno local intenta presentar como novedad una operación que podía haberse puesto en marcha hace tiempo.
Suárez defiende que descubrir ahora suelo municipal que llevaba años disponible no resuelve por sí solo el déficit de vivienda pública, si no va acompañado de planificación, ejecución y plazos concretos. Bajo ese planteamiento, acusa al ejecutivo local de haber pasado primero por una etapa de enfrentamiento político, luego por meses de inacción y, finalmente, por una fase de anuncios que, a su entender, todavía deben traducirse en resultados tangibles.
En paralelo, Coalición Canaria también cuestiona el papel que ha jugado la declaración de zona tensionada dentro del debate sobre la vivienda. Según Suárez, el Ayuntamiento ha incorporado esta figura a una estrategia de confrontación política en lugar de centrar el discurso en la resolución de los problemas reales de acceso a la vivienda.
Para el portavoz nacionalista, la acumulación de retrasos, modificaciones y promociones sin entregar ha debilitado la gestión municipal en esta materia. Desde esa perspectiva, considera que el gobierno de Carolina Darias ha tratado de desviar la atención hacia factores externos en vez de asumir el desgaste derivado de la falta de avances visibles en vivienda protegida, suelo público y ejecución de obras.
