NOELIA C. DEL TORO
Delgado sostiene que el fallo judicial pone de manifiesto una falta de previsión política y administrativa en un asunto especialmente sensible, al afectar tanto al desarrollo de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad como al derecho al descanso de los residentes del entorno.
En su valoración pública, la portavoz popular aseguró que la sentencia constituye un "severo correctivo judicial" a la gestión del PSOE capitalino. A su juicio, el Ayuntamiento abordó el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sin las garantías necesarias para compatibilizar la celebración festiva con la protección de los vecinos.
Delgado subrayó que, siempre según su interpretación del fallo, el bando municipal que suspendió de forma temporal los objetivos de calidad acústica no iba acompañado de una justificación suficiente. Esa ausencia de motivación, añadió, resulta especialmente grave en una decisión con posible incidencia sobre derechos fundamentales como el descanso y la tranquilidad en las zonas residenciales afectadas.
La dirigente del PP defendió además que la administración local optó por una visión "simplista" del problema, al no adaptar la organización del Carnaval de calle al marco legal y social actual, cada vez más exigente en materia de contaminación acústica, convivencia ciudadana y protección del entorno vecinal.
Uno de los ejes del discurso de Delgado fue la idea de que la mala gestión municipal no solo habría perjudicado a los residentes, sino también al propio modelo de Carnaval de calle. En este sentido, afirmó que cuando un gobierno no ejecuta las medidas necesarias para hacer compatible la fiesta con la legalidad, pone en riesgo la continuidad del evento en su formato actual.
La portavoz popular elevó el tono político al responsabilizar directamente a la alcaldesa, Carolina Darias, de no haber impulsado actuaciones materiales eficaces para conciliar la celebración del Carnaval con los derechos de quienes viven en la zona del Puerto y La Isleta. Desde su punto de vista, esa falta de acción ha terminado debilitando tanto la seguridad jurídica del evento como su futuro.
"El PSOE ha dado una estocada de muerte al Carnaval de calle por no proteger ni la fiesta ni a los vecinos"
Jimena Delgado
Otro de los puntos más destacados por Delgado se refiere a la valoración judicial sobre las medidas de protección frente al ruido. La portavoz del PP puso el foco en un pasaje de la resolución que, según expuso, resta valor probatorio a las explicaciones ofrecidas por la gerente de la Sociedad de Promoción sobre la implantación de limitadores, mantas acústicas, controles y calibraciones.
Siempre de acuerdo con el contenido trasladado por la formación popular, la sentencia confronta esa versión con las actuaciones reflejadas por agentes de la Policía Local durante el Carnaval de 2024. En ese contraste, Delgado asegura que quedaron recogidas incidencias como la falta de certificados exigidos en distintos actos, la emisión de música antes de la implantación de determinadas medidas de seguridad y la tardanza en la entrega de documentación vinculada a limitadores y registradores de sonido.
Ese apartado refuerza, según el relato del PP, la idea de que no bastaba con anunciar medidas correctoras, sino que era imprescindible acreditar su aplicación real, su control efectivo y su cumplimiento documental durante toda la celebración.
Delgado también consideró especialmente relevante que el magistrado destacara la labor de la Unidad de Mediación de la Policía Local (UMEC). La portavoz popular recalcó que la sentencia pone en valor el trabajo de esta unidad para detectar y atenuar problemas de seguridad, aunque esa materia no fuera el objeto central del procedimiento judicial.
Para la edil del PP, esta referencia no debería pasar desapercibida, ya que abre interrogantes sobre qué incidencias se produjeron realmente durante el desarrollo del Carnaval de calle, cómo fueron gestionadas y por qué se llegó a una situación que califica de seria en una cita de gran dimensión ciudadana.
Con ese argumento, Delgado avanzó su intención de exigir explicaciones completas sobre lo ocurrido, tanto en relación con el ruido y el descanso vecinal como respecto a la organización y seguridad del evento.
La portavoz popular recordó además que, a su juicio, este no es un episodio aislado. Como antecedente, mencionó que en 2021 el mismo juzgado ordenó trasladar el Carnaval de Día de Vegueta a otro emplazamiento cuando Inmaculada Medina estaba al frente del área. Según señaló, aquella decisión fue recurrida por el Ayuntamiento y posteriormente confirmada por el TSJC en 2023.
Para Delgado, ese precedente debía haber servido para corregir errores, reforzar la planificación y anticipar soluciones jurídicas y técnicas en futuras ediciones. Sin embargo, entiende que el gobierno municipal no extrajo las lecciones necesarias y que la ciudad vuelve a enfrentarse al mismo conflicto: mantener el Carnaval de calle sin vulnerar la legalidad ni el descanso vecinal.
Este antecedente aporta contexto al debate actual porque muestra que la tensión entre fiesta popular, seguridad jurídica, organización municipal y convivencia en zonas residenciales no es nueva, sino un asunto recurrente en el modelo carnavalero de la capital grancanaria.
“El propio juez plantea la pregunta clave. Carnaval sí, siempre; la cuestión es dónde. Y esa es la reflexión que el Ayuntamiento debió haber hecho hace años. Hay que preservar el Carnaval, sí, pero hacerlo bien, con planificación, con seguridad jurídica, con medidas reales y sin sacrificar a unos vecinos para disfrute de otros"
Jimena Delgado
En la recta final de sus declaraciones, Jimena Delgado reclamó una reflexión de fondo sobre el futuro del Carnaval de calle en Las Palmas de Gran Canaria. La portavoz insistió en que la cuestión no debe reducirse a defender o cuestionar la fiesta, sino a decidir dónde, cómo y bajo qué condiciones puede desarrollarse con garantías.
En esa línea, defendió que el Ayuntamiento debió abordar hace años una planificación más rigurosa, con medidas reales, cobertura legal sólida, controles eficaces frente al ruido y una estrategia capaz de compatibilizar el interés general del Carnaval con los derechos de los residentes.
El debate, por tanto, queda de nuevo abierto en la ciudad: preservar una celebración identitaria y de enorme impacto social y turístico, pero hacerlo dentro de un marco que evite conflictos judiciales, minimice la contaminación acústica y aporte certidumbre organizativa. Esa será, previsiblemente, una de las discusiones centrales en torno al próximo modelo de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
