JAVIER ROSALES
La decisión fue avalada este lunes por el Consejo de Gobierno, que plantea una respuesta propia ante la imposibilidad de aplicar de forma directa en las Islas parte de las iniciativas estatales aprobadas frente a la crisis internacional.
La comunidad autónoma ha optado por diseñar una batería de actuaciones dentro de su propio marco competencial, al considerar que el encarecimiento de los combustibles, la energía y varios productos básicos amenaza con trasladarse con rapidez al consumo, a la actividad empresarial y a los sectores productivos más expuestos.
El Ejecutivo regional subraya que la singularidad fiscal de Canarias dejó fuera al Archipiélago de algunos de los beneficios incluidos en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España. Ese texto se apoya, sobre todo, en medidas vinculadas al IVA y al Impuesto sobre Hidrocarburos, figuras tributarias que no se aplican de igual forma en las islas por su régimen fiscal específico. Además, la duración inicial de ese decreto es de 100 días.
Las medidas aprobadas por el Ejecutivo canario suponen un desembolso estimado de 29,8 millones de euros en su primera fase. En caso de que el conflicto se prolongue y sea necesario mantener o extender las actuaciones, el coste podría elevarse hasta 60 millones de euros al año.
La estrategia autonómica combina rebajas tributarias, alivio fiscal para determinados sectores, ampliación de beneficios administrativos y ayudas directas a actividades especialmente afectadas por el aumento de costes.
La primera decisión consiste en la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%. El objetivo es trasladar esa rebaja al precio final y aliviar el gasto de consumidores y empresas en un contexto marcado por la subida del petróleo y la incertidumbre internacional.
El impacto económico de esta medida se calcula en 14,1 millones de euros al año, mientras que para el periodo inicial de 100 días el coste previsto asciende a 3,9 millones.
El Gobierno autonómico también ha acordado elevar del 67% al 99% la devolución del impuesto sobre combustibles para agricultores y transportistas, dos sectores especialmente sensibles al incremento del coste energético.
La previsión oficial sitúa esta medida en 19,4 millones de euros anuales, con un gasto estimado de 5,3 millones durante los primeros 100 días de aplicación.
Otra de las decisiones relevantes es la aplicación del 0% de IGIC a varios productos de la cesta de la compra que todavía tributaban al 3%, entre ellos la sal, la mantequilla y el café.
Con esta rebaja, el Ejecutivo pretende contener el efecto de la crisis sobre el gasto cotidiano de las familias. El coste estimado de esta actuación es de 3,2 millones de euros al año y de 900.000 euros para el periodo inicial de vigencia.
El Consejo de Gobierno ha incluido además la ampliación del límite del Régimen Especial del Pequeño Empresario y Profesional (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual. Esta modificación busca reducir cargas fiscales y administrativas para pequeños negocios y profesionales.
La medida entraría en vigor a partir de julio de 2026 y tendría un coste estimado de 12,5 millones de euros durante este ejercicio.
El paquete se completa con la creación de un sistema de ayudas directas destinado a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial, con el fin de compensar el sobrecoste energético y el encarecimiento de otros insumos.
La cuantía prevista para esta línea de apoyo es de 7,2 millones de euros, orientados a actividades que soportan una mayor presión por la subida de precios y por la dependencia exterior del Archipiélago.
Las cuatro primeras actuaciones deberán formalizarse mediante un decreto-ley autonómico, fórmula que el Ejecutivo justifica por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.
Con este instrumento, el Gobierno de Canarias aspira a acelerar la aplicación de las rebajas fiscales y de los cambios tributarios, evitando que el impacto del conflicto se traslade con más intensidad a la economía regional.
Junto a las medidas propias, el Consejo de Gobierno ha acordado reclamar al Estado una batería de iniciativas complementarias para reforzar la respuesta económica y social frente a la crisis.
Entre las principales solicitudes figuran la flexibilización de las reglas fiscales para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas extraordinarias, la implantación de una bonificación estatal al combustible y una rebaja del IRPF que ayude a compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
El Ejecutivo canario también plantea la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, con especial atención a áreas como transporte, agua y agricultura, además de la activación de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos.
A ello se suma la petición de crear un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos, una herramienta con la que se pretende sostener actividades vulnerables ante la subida de costes y la inestabilidad exterior.
La propuesta canaria al Estado incluye, además, una revisión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para incorporar las dificultades específicas de las Islas. Entre otras cuestiones, se solicita la posibilidad de prorrogar plazos de ejecución de proyectos y revisar objetivos que puedan verse alterados por el incremento de precios.
El Ejecutivo regional reclama igualmente decisiones de carácter más estructural para reforzar la competitividad de Canarias, como la rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias, el impulso a proyectos estratégicos de energías renovables —entre ellos la geotermia y la eólica marina— y un mayor respaldo económico al Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
En esa misma línea, el Gobierno autonómico pide la exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad y defiende también el aumento del límite de ayudas minimis para empresas.
Uno de los planteamientos centrales del Ejecutivo es la incorporación de una "cláusula canaria" en cualquier medida estatal aprobada para responder a crisis internacionales. La intención es que las políticas públicas puedan adaptarse desde el primer momento a las singularidades del Archipiélago.
El Gobierno insiste en que esta reclamación no responde a una demanda de trato privilegiado, sino a la necesidad de garantizar equidad en un territorio condicionado por la insularidad, la lejanía, la dependencia energética y unos sobrecostes estructurales que limitan su capacidad de respuesta frente a shocks externos.
En ese marco, el paquete aprobado busca reducir el impacto inmediato del conflicto sobre la economía doméstica, sostener a los sectores más castigados y reforzar la posición de Canarias ante el Estado en plena escalada de incertidumbre internacional.
