JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Es la geografía clásica de la clandestinidad: utilizar el patrimonio personal como laboratorio para un mercado ilícito que siempre acaba dejando un rastro de transacciones detectables por un auto judicial. Solicitar la disolución definitiva de "ABC Club" es una forma de borrar un rastro burocrático que nunca debió existir. El decomiso del dinero y de la finca completa el ciclo: cuando el Estado decide que una asociación es ilícita, no solo castiga el cuerpo de los fundadores, sino que devora sus propiedades y destruye su estandarte legal.
La delgada línea que separa el asociacionismo del narcotráfico vuelve a judicializarse en el norte de Gran Canaria. La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra IT y CP, ciudadanos de nacionalidad rumana y administradores de la asociación "Cannabico ABC Club", para quienes solicita una pena conjunta de siete años de prisión. Lo que sobre el papel figuraba en el registro oficial desde 2016 como una entidad sin ánimo de lucro en Las Palmas de Gran Canaria, era en realidad, según el Ministerio Público, una estructura de fachada diseñada para la distribución sistemática de estupefacientes a gran escala.
El epicentro de la operativa no se encontraba en el local social, sino en una finca privada de los acusados en los Llanos de Zamarrita, en Gáldar. En este enclave, denominado "Villa Cristina", la investigación policial desmanteló en junio de 2023 un centro de producción que albergaba más de un centenar de plantas y cogollos secos. La redada, autorizada tras detectarse ventas directas a pie de calle, se saldó con la incautación de casi 14 kilos de marihuana y diversas variantes de hachís, cuyo valor en el mercado negro habría superado los 28.000 euros.
La acusación es contundente al calificar los hechos como un delito contra la salud pública en su modalidad de "notoria importancia", agravado por un delito de asociación ilícita. La Fiscalía no solo busca la privación de libertad de los fundadores y una multa de 100.000 euros, sino que exige la disolución definitiva del club y la prohibición de cualquier actividad futura. Para garantizar el resarcimiento económico, el Fiscal ha solicitado el decomiso de la propia finca en Gáldar, instando al embargo preventivo del inmueble para evitar que los acusados puedan desprenderse de su principal activo patrimonial antes del juicio.
Este caso pone de relieve la ofensiva jurídica contra los clubes que pervierten el espíritu de consumo compartido. Mientras la defensa intentará previsiblemente ampararse en el marco administrativo de la asociación, el Fiscal sostiene que la ausencia de cualquier otra actividad asociativa distinta a la venta por precio revela un "total desprecio por la salud ajena". El juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial, marcará un nuevo precedente en el control de estas entidades en un archipiélago donde la presión sobre los puntos de cultivo ilegal en suelo rústico no deja de aumentar.
