JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La consulta vinculante número 2.309 resuelve las dudas planteadas por un cabildo insular respecto al tratamiento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en los contratos de servicios de carácter privado suscritos con promotores musicales y teatrales. El dictamen de la hacienda autonómica determina que la contratación del caché de un artista y la posterior venta de entradas en taquilla constituyen dos hechos imponibles totalmente independientes, obligando a una doble imposición impositiva que impacta directamente en los presupuestos culturales de los municipios del sur de Gran Canaria.
La resolución vinculante clarifica que cualquier prestación de servicios de representación musical o teatral que tenga como destinatario a un cabildo insular se encuentra estrictamente sujeta al IGIC, aplicando de forma invariable el tipo general del 7 por ciento. La administración tributaria advierte que esta obligación fiscal se mantiene con total independencia del lugar donde se ejecute materialmente la actuación o de la residencia fiscal del promotor contratista. Las únicas excepciones legales para eludir este gravamen del 7 por ciento quedan reservadas a que el prestador del servicio sea un ente de derecho público, una entidad cultural privada calificada de carácter social, o una persona física con domicilio en Canarias inscrita formalmente en el Régimen Especial de Pequeños Empresarios y Profesionales (REPEP).
El fisco canario desmonta los sistemas de compensación diseñados por los gestores públicos para minorar el impuesto cuando el caché del artista se sufraga, de forma total o parcial, con la recaudación en taquilla. La consulta detalla que el acceso del público general a las representaciones artísticas en el Archipiélago está sujeto de forma paralela al tipo superreducido del 3 por ciento de IGIC. Hacienda recalca que no cabe la posibilidad de reducir el tipo del 7 por ciento del contrato principal para evitar una doble imposición sobre el mismo dinero, debiendo facturarse ambos conceptos por separado. La normativa autonómica solo concede la exención de este 3 por ciento si la venta de entradas la realiza directamente el cabildo de forma institucional; si la taquilla la gestiona el promotor privado para cobrar directamente su caché, este queda obligado a liquidar el gravamen ante la Agencia Tributaria Canaria.
La Dirección General de Tributos recuerda igualmente el funcionamiento del mecanismo de inversión del sujeto pasivo en el ámbito de la contratación pública insular. En aquellos supuestos donde la productora o el artista adjudicatario tengan su domicilio fiscal fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias, la obligación legal de declarar y liquidar el 7 por ciento del IGIC recae de forma exclusiva sobre el cabildo insular receptor del servicio cultural, el cual deberá emitir los documentos de autorretención correspondientes. Este pronunciamiento fiscal obliga a los departamentos de cultura y contratación de San Bartolomé de Tirajana y Mogán a reajustar los pliegos de condiciones de los festivales de verano, asumiendo que los costes fiscales fijos de las producciones no podrán diluirse mediante los ingresos variables de la taquilla.
