JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El catálogo de errores es heterogéneo y, en ocasiones, revela una falta de rigor en la preparación de las memorias financieras. El caso de CrownX Fit S.L. destaca por su insistencia en el error: la firma aparece reiteradamente en el Anexo I con múltiples expedientes, todos ellos afectados por el mismo patrón de deficiencias: la falta de certificados de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, la ausencia de alta en el sistema SEFLOGIC y carencias en la acreditación de formación internacional. Esta recurrencia sugiere una saturación operativa en la gestión de sus solicitudes, poniendo en riesgo la viabilidad de todas ellas ante el riesgo de desistimiento automático.
El requerimiento también pone el foco en empresas con denominaciones que prometen innovación tecnológica pero que fallan en requisitos básicos. Stratégos Bio Tech S.L., Rethink Medical S.L. o Birding Canarias S.L. deben ajustar sus presupuestos al importe máximo subvencionable de 6.000 euros, además de regularizar su situación tributaria y fiscal ante la Agencia Estatal y la Canaria. Resulta notable que firmas orientadas a sectores de valor añadido, como Amura Cognitive Solutions o Amura Neurocomputing & Artificial Intelligence Solutions, presenten carencias documentales relativas a sus programas de internacionalización, sugiriendo una desconexión entre su capacidad técnica y su gestión administrativa de los fondos públicos.
La casuística es inabarcable. Entidades como Fibras Naturales Canarias S.L., RRC Desarrollos Estratégicos S.L. o Global Fashion Counselling Group S.L. deben enfrentar una lista extensa de subsanaciones que incluye desde la presentación del Impuesto sobre Sociedades de 2024 para demostrar que su facturación anual no supera los 250.000 euros, hasta la acreditación de su domicilio fiscal en Gran Canaria o Tenerife. El incumplimiento de estas bases reguladoras —aprobadas mediante Orden de 3 de junio de 2025— actúa como un filtro que, en la práctica, excluye a las empresas con estructuras organizativas más débiles o menos habituadas a la gestión de ayudas de esta envergadura.
La administración no distingue entre el peso de las firmas. Autónomos como Alessandro Nicoletti, Rumen Justo Reyes o Antonio Jesús Díaz Álvarez comparten lista con sociedades consolidadas. Las razones de los requerimientos son, en ocasiones, de una rigidez extrema: desde errores de identificación en los documentos aportados —como en el caso de Kelys Adriana Díaz Brito— hasta la incapacidad de demostrar el año mínimo de constitución requerido. Nieblagua S.L. es otro caso paradigmático de desorden, siendo requerida por duplicidad de expedientes sin justificar y por deficiencias documentales que abarcan múltiples códigos de la normativa de subvenciones.
El procedimiento no admite modificaciones sustanciales sobre lo ya solicitado. La exigencia de "ajustar presupuesto" al importe mínimo —como ocurre con Beatriz García Ladrón— subraya el celo con el que la Consejería de Economía busca evitar que las ayudas se conviertan en un goteo ineficiente de fondos. La sombra de la "ley del desistimiento" planea sobre nombres como Tinglado Film S.L. o Fatum Games S.L., quienes, al igual que los demás, tienen la obligación de presentar su documentación a través de la sede electrónica si no quieren que su proyecto de expansión internacional muera antes de comenzar.
Este proceso de criba evidencia una realidad subyacente en el ecosistema empresarial canario: la internacionalización es una asignatura pendiente no solo en el ámbito comercial, sino en la capacidad administrativa de las pymes para interactuar con la propia Administración. Las razones de los requerimientos —desde la omisión de declaraciones sobre ayudas de minimis hasta la falta de certificados básicos de estar al corriente con el fisco— apuntan a una falta de profesionalización en el área financiera de gran parte de los solicitantes. El resultado es un cuello de botella que, en última instancia, ralentiza la ejecución de una política pública diseñada para diversificar la economía de las islas capitalinas.
La Dirección General de Promoción y Diversificación Económica se prepara para una limpieza masiva de expedientes. La eficacia de las subvenciones dependerá de cuántas de estas firmas logren descifrar el código de la normativa de 2025. Aquellas que no cumplan, simplemente desaparecerán de la convocatoria, dejando el presupuesto disponible para quienes sí han demostrado una estructura documental solvente. En el juego de la exportación, la capacidad de sortear el requerimiento administrativo es, a día de hoy, el primer test de resistencia para cualquier pyme canaria.
