JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La baja de oficio en el padrón no supone automáticamente la pérdida de la tarjeta de residencia, pero sí crea un problema administrativo grave: el titular de la tarjeta de residencia pierde el certificado de empadronamiento, documento indispensable para renovar dicho permiso de residencia ante la Oficina de Extranjería. Por tanto, aunque el número exacto de personas que poseen la tarjeta de residencia física es una información que solo consta en los expedientes internos de la Dirección General de Gobernanza, los 21 individuos identificados con NIE son quienes, con casi total seguridad, se encuentran en el grupo de riesgo administrativo de ver peligrar su estatus legal en España por no poder acreditar su domicilio actual.
El listado de expedientes, con fecha de resolución entre el 5 y el 10 de junio de 2026, evidencia una gestión que ignora el contexto humanitario de la semana. La Dirección General de Gobernanza, bajo la firma de Fayna Álamo, ha formalizado la expulsión de estas personas del censo municipal al no haber podido acreditar su residencia real en los domicilios donde figuraban inscritos. El procedimiento técnico, aunque validado por el Consejo de Empadronamiento el pasado 26 de mayo, deja a decenas de ciudadanos en un limbo administrativo crítico: al perder su empadronamiento, ven bloqueado su acceso a servicios sociales básicos, sanidad y ayudas públicas, a pesar de contar, en muchos de los supuestos, con su permiso de residencia en vigor.
La desarticulación de estos 21 expedientes, que incluye casos complejos de reagrupación familiar y menores, ha generado un profundo malestar en las redes de asistencia social. La operativa, publicada mediante edictos al ser imposible la notificación personal, sitúa a los afectados en una posición de indefensión absoluta. Sin un domicilio "válido" para el sistema estadístico municipal, el Ayuntamiento ha optado por el borrado censal, un acto que colisiona frontalmente con el mensaje de integración que el Papa Francisco ha predicado desde los altares de Las Palmas.
La gestión del Padrón es, en términos técnicos, una competencia municipal obligatoria para evitar el fraude estadístico, pero el impacto social de estas 35 bajas es innegable. La mayoría de los extranjeros afectados —identificados en la resolución mediante números de identidad de extranjero (NIE)— se encuentran ahora con que su documentación de residencia no tiene un respaldo censal, lo que complica cualquier gestión administrativa posterior. La celeridad de las resoluciones, dictadas apenas días antes del evento religioso más importante del año en la ciudad, sugiere una priorización de la limpieza estadística sobre la protección de los individuos más vulnerables.
La paradoja es absoluta. Las Palmas se ha presentado al mundo como un faro de acogida humanitaria en el Atlántico y ha entregado la Llave de Oro de la ciudad al Santo Padre. Sin embargo, en la trastienda de la administración local, 35 resoluciones administrativas han sentenciado la salida de estas personas del sistema. El Ayuntamiento ha dejado a disposición de los afectados sus oficinas en la calle León y Castillo, si es que pueden acceder a ella, pero la realidad para estos ciudadanos es que, tras la firma electrónica de la directora general de Gobernanza el 10 de junio, su vinculación oficial con la ciudad ha desaparecido de los registros. La fe en la acogida se mide en los discursos, pero la ciudadanía se gestiona en el Padrón; y el registro municipal ha sido implacable, borrando de un plumazo a quienes, irónicamente, son el centro de las oraciones papales de estos días en Canarias.
