JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La denuncia afecta al PSOE, y la nueva candidatura del PP en Las Palmas no descarta acuerdos con el PSOE si en las elecciones de 2027 precisa acuerdos en caso de obtener minoría mayoritaria para gobernar. Obviamente, el PSOE no ha respondido y Nueva Canarias está con la tesis de presentar en la capital grancanaria un cocodrilo político: el silencioso Román Rodríguez. Ambos compartieron gabinete en el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres antes de ser ministra en Madrid.
El auto, dictado por el magistrado-juez Rafael Passaro Cabrera, se fundamenta en los informes periciales y en el análisis de la documentación administrativa, contable y bancaria recabada durante la investigación. Dichas pruebas han sacado a la luz un desfase económico sustancial y continuado entre los suministros que realmente se ejecutaron y las cantidades que terminaron siendo facturadas a las arcas públicas.
A la luz de los hallazgos probatorios, la resolución judicial apunta a que los hechos investigados podrían ser constitutivos de una pluralidad de delitos graves, entre los que se incluyen falsedad en documento público, prevaricación administrativa, fraude a la Administración, cohecho y blanqueo de capitales.
El cambio de cauce procesal responde a criterios estrictamente legales. Al superar el perjuicio económico la cifra de 250.000 euros, la causa queda vinculada al subtipo agravado del delito de malversación, cuyas penas de prisión pueden alcanzar hasta los doce años. Dado que esta previsión punitiva excede el límite máximo establecido para el procedimiento abreviado, el juzgado ha procedido a adaptarla a las normas del sumario ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, preservando plenamente la validez de todas las diligencias y pruebas practicadas hasta la fecha. Contra el auto cabe la interposición de un recurso de reforma por parte del Ministerio Fiscal y del resto de partes personadas en un plazo de tres días.
