JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Y es que tal eran las previsiones reservadas que, en la época del PSOE, el Ejecutivo canario ordenó la compra, antes de las elecciones regionales de mayo de 2023, de un total de 1.900 salvavidas que se pudieran reutilizar al menos durante dos años, a 217,62 euros la unidad, para dar respuesta al incremento de necesidades por la llegada de cayucos y pateras a las Islas. El presupuesto con impuestos era de 442.421 euros. El pliego del contrato sostenía en enero de 2023, cuando se adjudicó, que "existe información" de la posibilidad de "aumentar los flujos migratorios hacia nuestros territorios, producto de las presiones por la guerra y la hambruna".
La decisión de comprar estos equipos venía motivada, entre otros motivos, por "la llegada habitual de migrantes en pateras al mar territorial de nuestras costas, procedentes de las costas africanas, con el drama humano que supone y en condiciones tales que se precisa un elevado número de instrumentos de rescate para abordar todas las situaciones predecibles o extraordinarias".
En la época del PSOE, el que fuese presidente canario, Ángel Víctor Torres, cuestionó el papel del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por minimizar la presencia de irregulares en el muelle de Arguineguín. Estaban hacinados, generando protestas vecinales y del sector turístico, y el titular de Interior dijo que "nunca están más de 72 horas" en el campamento de emergencia del muelle.
Las llegadas de migrantes a Canarias han repuntado en los últimos 15 días de septiembre hasta sumar 4.050 efectivos, tras una primera mitad del mes anterior de 1.234 migrantes. Hay un verano de máximos de 6.267 llegadas en los meses de julio y agosto, casi al mismo nivel de enero de 2024 sobre los 7.000 efectivos. Septiembre pasado trajo a Canarias 5.284 migrantes irregulares.
