Este es el marco general de partida que ha forzado a las distintas instituciones públicas a impulsar numerosas convocatorias para consolidar esas plazas, lo que ha supuesto un importante reto. En especial en nuestro municipio, administración local que ha dependido históricamente de personal interino para cubrir numerosas vacantes estructurales, siendo estos trabajadores una pieza fundamental durante años en la prestación de los servicios más básicos que requieren los ciudadanos.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llega a este fin de plazo en unas condiciones cuando menos preocupantes. La ley es clara: los procesos deben estar finalizados a fecha 31 de diciembre de 2024. ¿Se ha planteado la administración convocante que tendrá que indemnizar a todo el personal que a fecha 31 de diciembre de 2024 no esté estabilizado? ¿Sabrá el grupo de gobierno que hablamos de casi todo el personal de la casa? ¿Nos arriesgarnos a colapsar nuestro ayuntamiento si esos trabajadores no continúan prestando sus servicios? ¿Este trato merece quien durante años ha trabajado con vocación al servicio público desempeñando tareas fundamentales para nuestros vecinos y nuestra administración?
Cuando escribo este artículo de opinión no se ha publicado instrucción u orden alguna que prorrogue el plazo o que aporte una alternativa para aquellos empleados que desempeñan su plaza de forma temporal sin que haya sido estabilizada. Según los números ofrecidos por la propia concejala de Recursos Humanos, se han identificado alrededor de 1.100 plazas susceptibles de estabilización y si bien -según informó recientemente- se han publicado la práctica totalidad de las convocatorias, éstas no han finalizado. Sin embargo, sabemos que no es cierto ya que faltan procesos por convocar.
Se trata de procesos complejos, que implican convocatorias, que requieren de plazos, sujetos a régimen de recursos o presentación de méritos, por lo que hace unos días alertábamos de que no llegaríamos al 31 de diciembre con el proceso completado. Y, desgraciadamente, los peores presagios se han cumplido. La pregunta que arrecia es clara: ¿y ahora qué? Es aquí donde echamos en falta a nuestra alcaldesa, Carolina Darias, que apenas ha querido abordar este tema, a sabiendas de que es una gran 'papa caliente' de la que hace meses que vienen advirtiendo los distintos representantes sindicales municipales.
Hoy deberíamos estar celebrando que la estabilización de la plantilla fuese ya una realidad. Lo que debía ser una buena noticia es ahora mismo una gran incógnita que nos preocupa profundamente, de ahí que mi único deseo al respecto es que se sustancie una prórroga para proseguir con los procesos convocados de estabilización y que los no convocados puedan serlo a la mayor brevedad, sin que la llegada del nuevo año represente la amortización de decenas de plazas de profesionales que cada día permiten que el Ayuntamiento preste servicios a sus ciudadanos en las mejores condiciones posibles.
Lo contrario sería una pésima noticia que además dejaría en colapso a nuestro Ayuntamiento. La que era una oportunidad histórica para transformar la administración local y desterrar las altísimas tasas de temporalidad se ha convertido en una espada de Damocles para centenares de empleados públicos que no merecen esta incertidumbre, menos aún en estos días.
El futuro, incierto y amenazante para un territorio aislado como Gran Canaria, pasa por conseguir la soberanía energética e hídrica, dando respuesta a nuestras mayores vulnerabilidades. Y nuestro proyecto de Isla va dirigido a alcanzar esos objetivos.
David Suárez
Concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
