NOELIA C. DEL TORO
En estas se prevé la construcción de 254 viviendas tras los correspondientes procedimientos de adjudicación de las obras y gestión de las promociones mediante concurso público. También se ha aprobado provisionalmente el Reglamento que establece el régimen jurídico, las bases del procedimiento de adjudicación de las viviendas y el funcionamiento de la construcción y gestión de estas.
El acuerdo, aprobado con los votos a favor del Gobierno local (Juntos por Mogán), PSOE y la abstención de NC-BC, pretende paliar la emergencia habitacional en Mogán, problemática que igualmente padece el resto del Archipiélago y que incide de forma particular en los municipios turísticos.
Esta decisión viene motivada tras el fracaso experimentado por el Ayuntamiento de Mogán al ceder en 2020 parcelas para la construcción de viviendas protegidas al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y a Visocan, y que, tres años después, estos ni siquiera habían redactado los proyectos. Es entonces cuando, en vista de que no se iba a cumplir lo estipulado dado la cercanía del pazo límite para ejecutar las promociones de viviendas, el Consistorio solicitó la reversión de las concesiones, logrando recuperar parcelas en El Horno y Veneguera. Además, tomó la iniciativa presentado el primer Plan de Vivienda Municipal de Mogán, en el marco del que ha llevado a cabo los estudios geotécnicos y topográficos así como la redacción de proyectos de tres promociones, concretamente en parcelas municipales de Motor Grande, Veneguera y El Horno.
Más de año y medio de trabajo y un exhaustivo análisis han llevado al Ayuntamiento ha considerar el derecho de superficie como la mejor opción para agilizar y hacer efectiva la construcción viviendas protegidas en régimen de alquiler superficie. Al constituir el derecho de superficie en las parcelas municipales, la empresa a la que se conceda mediante concurso público la parcela en cuestión se convertirá en propietaria de lo edificado, que no del suelo, por un periodo máximo de 75 años. Por tanto, se encargará de la construcción y explotación de las viviendas, y encontrará esta opción más atractiva porque le da mayor libertad de actuación respecto a su propia financiación.
Pero, además, la Administración local moganera, con el objetivo hacer todavía más atrayente este modelo para los inversores privados, bonificará el 97,5% del Impuesto sobre sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Del mismo modo, dejará exenta de pago a las superficiarias por cualquier trámite relacionado con la constitución del derecho de superficie sobre las mencionadas parcelas, ya sea por una posible modificación o actualización de los proyectos, etcétera. Tampoco la exigirá canon alguno por las parcelas y la gestión de las viviendas.
A todo ello hay que sumar que el Ayuntamiento pone de forma gratuita a disposición de las empresas que resulten adjudicatarias el suelo de las cuatro parcelas, cuyo valor asciende a 27.147.149,93 euros, pero que tras su actualización urbanística por el Consistorio para destinarlas a VPO se sitúa en 5.429.429,98 euros. Igualmente los estudios geotécnicos, topográficos y redacción de proyectos de las promociones en tres de las cuatro parcelas, para los que el Ayuntamiento ha invertido un total de 228.052,50 euros.
La aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Mogán por un periodo de 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
El Ayuntamiento considera especialmente urgente contener y reducir la problemática del aumento del precio del alquiler en el municipio. Por ello, la modalidad de viviendas en alquiler es la elegida, dejando la posibilidad de establecerse una opción de compra a posteriori si así se acuerda entre las partes.
Las 254 viviendas protegidas previstas serán de promoción privada y para su adjudicación el Ayuntamiento de Mogán establece un reglamento propio, aprobado hoy mismo en la sesión plenaria, con los requisitos de admisión, los cupos y la baremación en base a las necesidades reales de la población moganera. De estas tiene constancia, primero, por ser la Administración Pública más cercana al ciudadano y ciudadana del municipio, y segundo, por la memoria elaborada que reúne datos relevantes, como los tramos de edad más perjudicados por la actual situación de emergencia habitacional.
La viviendas protegidas serán de régimen general, de forma que puedan acceder la gran mayoría de familias que aún con empleos estables no pueden sufragar la oferta inmobiliaria del municipio debido a sus elevados precios. Así, por ejemplo, una unidad de convivencia compuesta por una camarera de piso trabajando a jornada completa y un oficial de mantenimiento a media jornada, puede optar a las viviendas protegidas de promoción privada de Mogán.
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