LA GACETA DE GRAN CANARIA
La propuesta de modificación de la Ley 19/1994, que regula el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, fue presentada en el Congreso de los Diputados en febrero y actualmente se encuentra en la fase de enmiendas. Esta iniciativa permitirá que los aproximadamente 2.000 millones de euros de la RIC se destinen a la construcción de viviendas que se ofrecerán en alquiler, beneficiando a aquellos que enfrentan dificultades para acceder a un hogar en las islas.
La colaboración entre el sector público y privado se ha vuelto esencial para aumentar la oferta de viviendas en el mercado. En el último año y medio, se han recibido 56 solicitudes de promotores privados para la calificación de 2.137 inmuebles como protegidos, lo que indica un interés creciente en la construcción y rehabilitación de viviendas en el Archipiélago.
El Gobierno de Canarias está implementando un enfoque integral para hacer frente a la escasez de viviendas, estableciendo las bases para fomentar la construcción, rehabilitación y regulación del sector. El año pasado, se aprobó un decreto ley que agiliza los trámites para la cesión de terrenos destinados a la construcción de viviendas de promoción pública y permite el uso de suelo dotacional para edificar inmuebles protegidos.
En la actualidad, el ejecutivo canario se encuentra en proceso de aprobar un segundo decreto ley que facilitará la concesión de licencias urbanísticas, un paso crucial para superar uno de los principales obstáculos en la construcción de nuevas viviendas. Además, se prevé la creación de un programa de viviendas asequibles incentivadas, que se alineará con la Ley estatal de vivienda y que posicionará a Canarias como pionera en su implementación. Estas viviendas, destinadas exclusivamente al alquiler, ofrecerán beneficios urbanísticos para ayudar a las clases medias y a quienes tienen dificultades para acceder al mercado de la vivienda.
Con estas iniciativas, el Gobierno de Canarias busca no solo aumentar la oferta de viviendas, sino también garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar adecuado y asequible.
