
Cajasiete reforma su cúpula: la burocracia financiera como último refugio ante el caos
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Cajasiete, la principal caja rural y sociedad cooperativa de crédito del Archipiélago, ha culminado una fase crítica de reorganización interna durante el mes de marzo de 2026. Los movimientos registrados en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife los días 20 y 26 de marzo consolidan un cambio profundo en la estructura de control, marcado por la creación de un nuevo Comité Ejecutivo de Consejo Rector (Comisión Ejecutiva) y un reajuste masivo en el régimen de apoderamientos de la entidad.
La configuración de la nueva Comisión Ejecutiva responde a una voluntad de profesionalización y centralización de la toma de decisiones. El relevo en la cúpula es notable: se formalizan los ceses de figuras históricas como Fernando José Bergé Royo, quien deja la presidencia del Comité Ejecutivo, y Juan Alberto González Dorta, quien abandona su posición como secretario y miembro de dicho órgano. Junto a ellos, Cristóbal Évora Cabrera y Eugenio Campos (quien, no obstante, se reincorpora al nuevo órgano con rango de vicepresidente) completan el ciclo de salidas.
El nuevo órgano de gobierno queda liderado por Manuel del Castillo, quien asume la presidencia del Comité Ejecutivo de Consejo Rector. La estructura se completa con una vicepresidencia para Eugenio Campos Domínguez y una secretaría ejercida por Miguel Hernández Lorenzo, quien también se integra como vocal, acompañado en esta función por María Dolores Pérez. Esta reforma estatutaria dota a la entidad de un esquema de gobernanza más ágil en un momento de alta volatilidad para el sector financiero regional.
Díaz Dorta asume facultades de apoderado solidario, mientras que un grupo selecto de directivos —entre los que figuran Nancy Alonso Alonso, Juan Miguel López Luis y Maximiliano Pozo Gutiérrez— asume facultades de apoderados mancomunados. Esta nómina se refuerza con la incorporación de Ramón Carballas Varela, Ignacio de Castro Sánchez, Manuel Melcón Arbaizagoitia, Jacobo Sanmartín Mazoy, Patricia Ainoa Estévez Soro e Ignacio Benlloch Fernández-Cuesta al régimen de apoderamiento mancomunado.
Estos movimientos, ejecutados en un contexto de desaceleración del PIB canario y bajo la presión de la regla de gasto europea, sitúan a Cajasiete en una posición de mayor centralización ejecutiva. La entidad, que ha operado históricamente con la prudencia propia del sector de cajas rurales, parece blindar su estructura ante la complejidad de la crisis de rentabilidad que acecha al sistema bancario tras el "shock" energético de la Operación Epic Fury. La arquitectura de gobierno recién estrenada será, a partir de ahora, la responsable de ejecutar la estrategia de una entidad que sigue siendo pieza fundamental del ecosistema crediticio de las Islas.


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