Un patinete eléctrico es, en esencia, la soledad motorizada a 25 kilómetros por hora. El Cabildo financia esta autonomía individual, un pequeño motor de 250 vatios para que el ciudadano sienta que avanza, aunque solo esté rotando sobre el asfalto de una isla confinada. A partir de 2024, si tu vehículo no tiene el sello de la DGT, no existe para el presupuesto público. Es la victoria final de la homologación: no basta con moverse, hay que hacerlo bajo la bendición de un formulario PDF que garantice que nuestra velocidad es legal y nuestra huella es, al menos en apariencia, inexistente.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejo Insular de la Energía (CIEGC), ha activado una partida de 25.000 euros destinada a subvencionar la compra de vehículos eléctricos de emisiones cero. El anunci pone el foco en la movilidad personal y la inclusión, abarcando desde patinetes y bicicletas eléctricas hasta sillas de ruedas motorizadas. Con esta convocatoria, la administración insular busca acelerar la descarbonización del transporte individual en un territorio donde la dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo el principal obstáculo para la transición energética.

Las subvenciones se estructuran en dos líneas de actuación nítidas: la Línea 1, dirigida a personas físicas residentes en la Isla, y la Línea 2, orientada a microempresas y pequeñas empresas que desarrollen su actividad en Gran Canaria. La cuantía de las ayudas es significativa, cubriendo hasta el 50% del precio de adquisición (antes de impuestos). Los topes varían según la categoría: desde los 150 euros para Vehículos de Movilidad Personal (VMP) hasta los 1.500 euros para sillas de ruedas eléctricas, pasando por los 600 euros para bicicletas de pedaleo asistido y los 1.000 euros para ciclomotores eléctricos de baja potencia.

Un aspecto crítico de esta convocatoria es el rigor en la homologación. Los vehículos de movilidad personal comercializados a partir de enero de 2024 deben contar obligatoriamente con el certificado de circulación de la DGT. Además, la ordenanza excluye taxativamente los vehículos de segunda mano, los de competición y modalidades de uso no directo como el renting o el leasing. El beneficiario adquiere, además, un compromiso de permanencia: debe mantener la propiedad del vehículo durante un periodo mínimo de dos años, bajo penalización de reintegro de la ayuda.

El procedimiento de concesión seguirá el régimen de concurrencia competitiva, pero con un matiz operativo fundamental: el único criterio de valoración será el orden cronológico de entrada. Esta fórmula de "primero en llegar, primero en cobrar" suele agotar los fondos con rapidez en convocatorias similares, por lo que el CIEGC ha habilitado su sede electrónica para una tramitación que se pretende ágil. La Cámara de Comercio de Gran Canaria actuará como entidad colaboradora en la gestión de unos fondos que, aunque modestos en su cuantía total, envían una señal clara sobre la apuesta insular por la movilidad eléctrica de proximidad.

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