El Gobierno de Canarias ha claudicado ante la parálisis de las cadenas de montaje globales. En un movimiento que prioriza la continuidad del servicio sobre la renovación estética, la Dirección General de Transportes y Movilidad ha dado luz verde a un decreto de urgencia que permite a las ambulancias de las Islas superar el límite legal de diez años de antigüedad. Las unidades matriculadas en 2015 y 2016, que según la normativa de 2002 deberían pasar al desguace o a mercados secundarios este año, podrán seguir en activo.

Una ambulancia de 2015 es hoy una reliquia técnica salvada por la incapacidad de la industria alemana o japonesa para entregar un chasis a tiempo. En la era de la inteligencia artificial y la telemedicina, la salud de los canarios sigue dependiendo de pistones desgastados que el boletín oficial ha decidido, por decreto, que aún son jóvenes. No hay nada más humano que prorrogar la decadencia cuando no se puede pagar el progreso. La administración ha comprendido que es preferible un motor cansado que una camilla vacía en la puerta de un hospital, aceptando que la modernidad es, a veces, un lujo que el transporte sanitario canario no se puede permitir este trimestre. El paisaje urbano de las Islas mantendrá sus sirenas de hace diez años. Es el triunfo de la logística rota sobre la normativa de calidad: una victoria pírrica donde el éxito consiste, simplemente, en que el servicio no colapse mientras esperamos un barco de suministros que nunca termina de atracar.

La medida es un síntoma del estrangulamiento que sufre el sector logístico. Los retrasos persistentes en la fabricación y entrega de vehículos industriales han dejado a las empresas de transporte sanitario en un limbo operativo: sin capacidad para comprar flota nueva, el riesgo de reducir la oferta de traslados urgentes y programados era inminente. Esta es la segunda prórroga de "supervivencia" que dicta el Ejecutivo, tras un primer alivio en 2023, consolidando una excepción que ya afecta a una parte sustancial de las unidades que circulan por el Archipiélago.

Para evitar que la carretera se convierta en un museo de la automoción sin control, el decreto impone filtros estrictos. Solo podrán acogerse a esta moratoria los vehículos que lleven operando en el Registro de Ambulancias de la Comunidad Autónoma al menos los últimos tres años. Se busca así impedir que las empresas importen "chatarra" de otras regiones para aprovechar la laxitud canaria. El informe técnico-jurídico subraya que la seguridad mecánica no se verá comprometida, siempre que se mantengan las certificaciones técnico-sanitarias en vigor, aunque admite implícitamente que la modernización hacia vehículos más eficientes queda, una vez más, en pausa.

Desde el punto de vista macroeconómico, el impacto se califica como "positivo" para el entorno empresarial, aunque no para las arcas públicas, donde el efecto financiero es nulo. Las pequeñas y medianas empresas del sector —que sostienen el sistema de transporte sanitario no urgente— respiran aliviadas ante una carga económica que no podían asumir por falta de stock en los concesionarios. Sin embargo, el análisis de impacto climático revela una paradoja burocrática: mientras la ley nacional de cambio climático exige flotas limpias, este decreto permite que motores con tecnología de hace una década sigan quemando combustible por las carreteras isleñas durante otros doce meses adicionales.

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