La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha ejecutado una reestructuración de urgencia en la Comisión de Garantía y Evaluación de la prestación de ayuda para morir.

La medida, oficializada mediante una orden de la Secretaría General Técnica, responde a una cadena de dimisiones presentada el pasado 20 de febrero que afectaba a la Vicepresidencia, la Secretaría titular y diversas vocalías técnicas. Este organismo multidisciplinar es el responsable de supervisar un volumen de actividad que en 2024 alcanzó los 52 procesos finalizados en las Islas.

El nuevo organigrama sitúa a la doctora Elisa Isabel Corujo Rodríguez en la Presidencia y al médico Benjamín Juan Hurtado Ruiz al frente de la Vicepresidencia. La jurista Carmen Elvira Toste Cubas asume la Secretaría titular, con María Sandra Celis Rivero como suplente. La renovación busca restablecer el equilibrio técnico exigido por el Reglamento, que impone requisitos de experiencia acreditada en Bioética para sanitarios y en Derecho sanitario para juristas. Los nuevos miembros ejercerán sus funciones por un periodo de tres años.

El equipo de vocalías médicas titulares queda compuesto por Giulia Gavazzoni, Helena Pérez Pérez, Ayoze Nauzet González Hernández y Atalia Viera Rodríguez, contando con los suplentes José Manuel del Arco Delgado, Jorge Lázaro Arcilla, Rosa Delia García Marrero y María Calviño Oliver. En el área de enfermería, las titulares son María Victoria Castañeyra Góngora y María Mercedes Martín Fuentes, apoyadas por las suplentes Encarnación Nicolás Luis y Teresa Rodríguez Hernández. La representación jurídica titular la ejercen José Rubén Hernández Falcón, Gloria González Hernández, Carla Marrero González y María Sonia Cichosz Díaz, junto a sus respectivos suplentes.

En términos estadísticos, Canarias registró en 2024 una tasa de 2,32 procesos por cada 100.000 habitantes. De las solicitudes gestionadas el último año, se realizaron efectivamente 25 prestaciones, lo que supone un 48,08% del total. El resto de expedientes concluyeron con 7 denegaciones, 7 revocaciones por decisión del paciente y 13 fallecimientos durante la tramitación. La evolución histórica muestra un incremento notable desde las 3 prestaciones iniciales en 2021 hasta alcanzar un acumulado de 63 intervenciones en el Archipiélago.

Respecto a los tiempos de respuesta en 2024, el intervalo medio entre la primera solicitud y la prestación efectiva se situó en 81,04 días, con una mediana de 59 días. La resolución final de la Comisión suele emitirse en una media de 53,92 días desde el inicio del trámite. Una vez obtenido el informe favorable, el 96,15% de los solicitantes en las Islas proceden con la prestación, un servicio que requiere de esta supervisión administrativa y ética permanente para garantizar el rigor legal de los procedimientos.

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