JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El expediente, clasificado bajo el identificador SUB-JV-2021-183552, fue retirado del mercado de subastas del Estado apenas catorce días antes de la fecha límite programada para la puja final, bloqueando una operación que había despertado el interés de grandes fondos de inversión internacionales.
La singularidad del proceso radica en la descomunal asimetría entre el volumen del principal reclamado en el litigio y el valor de tasación oficial asignado al activo inmobiliario en los informes periciales del juzgado. El precio de salida de la edificación quedó fijado en la astronómica cifra de 104.921.684,00 euros, requiriéndose un depósito previo en concepto de fianza equivalente al 5% del valor de tasación, lo que obligaba a los licitadores a consignar un aval bancario de 5.246.084,20 euros en la cuenta de depósitos judiciales únicamente para poder participar en la puja. La deuda real que originó el embargo y la posterior ejecución forzosa se limitaba, en cambio, a una cantidad reclamada de 1.049.216,84 euros, apenas un 1% del valor patrimonial del edificio, una desproporción financiera que explica la fulminante suspensión ordenada por la autoridad gestora antes de que se registrara ninguna puja final.
El inmueble objeto de la subasta cancelada consta de una casa de tres pisos levantada sobre una superficie de solar de ciento sesenta metros cuadrados en una de las arterias de mayor valor patrimonial e institucional de la capital grancanaria, lindando con las fincas número 2 y 6 de la calle Bravo Murillo. Los datos de la Dirección General del Catastro desvelan que la edificación cuenta con una superficie total construida de 546 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles diferenciados. La planta baja alberga un local comercial catalogado bajo el uso de ocio y hostelería con una superficie operativa de 178 metros cuadrados, mientras que la primera y segunda planta acogen sendas viviendas residenciales de idéntico tamaño, rematándose la estructura con un almacén de doce metros cuadrados situado en la azotea del complejo.
Las actas judiciales del procedimiento, tramitado originalmente bajo el número de expediente 0240/17, especificaban que el inmueble no ostentaba la consideración legal de vivienda habitual de los ejecutados, al tiempo que dejaban desiertos los campos relativos a la situación posesoria de las dependencias y la calificación del edificio como espacio visitable por los tasadores. La falta de cargas previas disponibles en el pliego de condiciones de la subasta aumentaba el atractivo del lote, facilitando un potencial desarrollo residencial de lujo o la reconversión hotelera del activo en pleno casco histórico.
La resolución de suspensión firmada desde la sede judicial de la calle Málaga dejó sin efecto el tramo mínimo entre pujas, que se había estipulado en una tasa del 2% equivalente a incrementos de 2.098.433,68 euros por cada postura consecutiva que presentaran los inversores. La anulación in extremis del procedimiento, formalizada mediante la emisión del certificado electrónico de cierre, responde habitualmente en la praxis del derecho procesal civil a la firma de un acuerdo de refinanciación extrajudicial de última hora entre las partes o a la consignación íntegra de las cantidades adeudadas por parte de los propietarios para detener la ejecución forzosa de sus bienes. El bloqueo del expediente salvaguarda la integridad de un patrimonio arquitectónico singular en Bravo Murillo, esquivando una adjudicación a precio de saldo que habría alterado el termómetro del mercado inmobiliario premium en la Isla.
