JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El caso, aparentemente menor —un teléfono móvil Samsung Galaxy A12S olvidado en un cajero automático—, ha escalado hasta la Sección Primera, dejando una sentencia que sirve de lección sobre los riesgos jurídicos de la inacción ante objetos ajenos encontrados en la vía pública.
Los hechos, confirmados por el tribunal, sitúan el conflicto el 23 de febrero de 2024. A las 08:15 horas, en un cajero de una entidad bancaria en la Avenida Ansite, en el Cruce de Arinaga, un usuario olvidó su terminal móvil. El denunciado, lejos de entregar el dispositivo a las autoridades o a la entidad bancaria, procedió a apoderarse de él.
Lo que para la defensa era un acto de azar o "hallazgo" sin mala fe, fue interpretado por la justicia como un delito leve de apropiación indebida. El legítimo propietario nunca recuperó su terminal, lo que dio pie a una denuncia que terminó en los tribunales de Telde. Tras una condena inicial a dos meses de multa a razón de 8 euros diarios, el denunciado decidió elevar el caso a la Audiencia Provincial de Las Palmas, alegando vulneración de la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba.
El magistrado ponente, en una sentencia de rotunda claridad técnica, ha desestimado las pretensiones de la defensa. La resolución pone especial énfasis en el principio de inmediación, recordando que el tribunal de apelación no puede sustituir la valoración de un juez que ha presenciado el testimonio directo de las partes en primera instancia.
Para el tribunal, la estrategia de defensa pecó de pasividad. En el proceso penal, cuando existen indicios de cargo, la carga de la prueba se traslada al acusado, quien debe acreditar hechos impeditivos o causas que eximan de responsabilidad. El denunciado se limitó a una estrategia de negación pasiva, un posicionamiento que la Sala considera insuficiente ante la evidencia del apoderamiento. "La defensa no debe limitarse a un posicionamiento meramente pasivo", recuerda la sentencia, subrayando que en el ámbito de los delitos leves, la negación no basta cuando la prueba de cargo es consistente y el relato de los hechos mantiene una coherencia lógica.
Lo más curioso del fallo es la aplicación de la doctrina sobre la presunción de inocencia. El tribunal recalca que el derecho a no ser condenado sin pruebas no es un escudo frente a la evidencia lógica. El discurso del juez de instancia fue calificado de racional: la presencia del denunciado en el lugar, la desaparición inmediata del terminal y la ausencia de una explicación alternativa plausible consolidaron la convicción de culpabilidad.
El caso termina consolidando una condena firme. El recurrente no solo deberá abonar la sanción económica —que asciende a 480 euros en total, además de las costas—, sino que deberá indemnizar al denunciante por el valor del terminal, cuya cuantía exacta se determinará en la fase de ejecución de sentencia.
Esta resolución funciona como un recordatorio para los usuarios de servicios financieros y tecnológicos. En la era actual, donde el valor de un dispositivo móvil no es solo el hardware, sino la información que contiene, la justicia canaria se muestra tajante: hacerse con lo que otros olvidan, especialmente en espacios públicos monitorizados, no es un hallazgo afortunado, sino un delito que conlleva responsabilidad civil y penal. El "ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial", mencionado en los hechos probados, ha resultado ser, a la postre, una decisión extraordinariamente costosa para el denunciado.
