JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El caso adquiere especial gravedad debido al historial delictivo de la procesada, quien cuenta con cinco sentencias firmes previas por estafa y apropiación indebida emitidas por diversos juzgados de lo penal de la capital grancanaria entre los años 2020 y 2022, todas ellas pendientes de cumplimiento.
El escrito provisional de conclusiones detalla una operativa delictiva basada en el engaño y la manipulación de personas en situaciones complejas. La trama principal se inició en 2021 cuando la acusada conoció a una ciudadana que percibe una pensión no contributiva de apenas 325,02 euros mensuales y que se encontraba descontenta con la gestión inmobiliaria de dos propiedades de su titularidad, ubicadas en Santa María de Guía y en Las Palmas de Gran Canaria. Paula, con la única intención de lucrarse de forma ilícita, se presentó falsamente como letrada y se ofreció para tramitar los desahucios de los inquilinos y asumir el control de los arrendamientos.
Bajo este pretexto judicial simulado, la procesada logró que la víctima le entregara un total de 5.180 euros distribuidos en supuestos conceptos de tasas de interposición de denuncias, honorarios de procuradores, gastos de notaría y costes de un traductor jurado. El fraude escaló cuando la acusada, aprovechando la total confianza de la propietaria, ocultó que los inquilinos legítimos habían abandonado las viviendas. La falsa abogada publicitó los inmuebles en portales de internet y firmó contratos privados de arrendamiento simulando ser la dueña legítima. Mediante este mecanismo, cobró fianzas y mensualidades a terceras personas en la capital hasta ingresar de forma ilícita 6.600 euros. Asimismo, se personó ante el arrendatario de la propiedad de Santa María de Guía exigiéndole el pago de las rentas en su propia cuenta corriente, desviando otros 1.500 euros. Esta prolongada sustracción de ingresos ha dejado a la víctima en una situación de extrema precariedad financiera.
La red de engaños se extendió rápidamente al entorno familiar y de conocidos de la principal afectada. La hija la primera víctima, en su buena fe, recomendó los supuestos servicios jurídicos a su pareja, quien afrontaba una citación judicial por un delito leve. La acusada le exigió 1.800 euros para ejercer su defensa el 24 de mayo de 2021, una vista a la que la falsa letrada nunca compareció. A pesar de la inasistencia, la procesada convenció a la tercera víctima para interponer una querella por calumnias contra su vecino, cobrándole otros 1.800 euros en efectivo junto con una partida de 490 euros supuestamente destinada a sobornar a un testigo de la causa. Meses más tarde, a través de una empleada, Paula captó a una cuarta víctima, una ciudadana inmersa en una disputa de herencia familiar. La acusada le cobró 2.970 euros en sucesivos pagos para sufragar unos supuestos trámites en la vía civil que jamás se iniciaron.
La Fiscalía califica jurídicamente estos hechos como un delito continuado de estafa agravada y un delito continuado de estafa impropia, en concepto de autora directa y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Por el primer delito, solicita una pena de seis años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de quince euros. Por la estafa impropia, reclama otros tres años de privación de libertad. En el ámbito de la responsabilidad civil, la acusación exige que la falsa abogada indemnice a su primera víctima con 13.280 euros, a la segunda con 4.090 euros y a la víctima de la herencia familiar con 2.970 euros, montantes a los que se aplicará el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha del escrito.
