JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La disputa, centrada en la subestación de San Mateo, tenía todos los ingredientes de un drama corporativo: un promotor (Malvasia) queriendo enchufar 11,784 MW de baterías, un presupuesto de conexión que le parecía un atraco a mano armada, y una distribuidora (E-distribución) defendiendo su pliego de condiciones como si fuera el último bastión de la seguridad eléctrica. Malvasia intentó que el Gobierno de Canarias obligara a la distribuidora a rebajar la factura, sugiriendo que muchos de los refuerzos exigidos tenían que salir de la retribución regulada —es decir, del bolsillo de todos nosotros a través de los peajes—.
La CNMC, en su papel de árbitro implacable, ha mandado a Malvasia al rincón de pensar. El dictamen es demoledor para los promotores que diseñan sus planes de negocio esperando un "regalito" en la conexión. La Comisión ha recordado que, por norma general, quien rompe, paga. Cualquier obra necesaria para encajar una nueva instalación en la red existente es responsabilidad íntegra del promotor. La pretensión de trasladar parte del coste de transformación o compactación de la subestación al sistema eléctrico ha sido rechazada por considerarla contraria a la norma: el sistema eléctrico está para transportar energía, no para financiar los costes de acceso de inversores privados.
Este es un aviso a navegantes para todo el ecosistema de baterías en las Islas. Se acabó la era de jugar con presupuestos alegres. El informe deja claro que, mientras la técnica sea normalizada y racional, el promotor no tiene derecho a patalear por el precio. La eficiencia del sistema no se logra abaratando los proyectos de un inversor, sino evitando que el sistema cargue con inversiones privadas que no deberían formar parte de las redes de distribución de uso general. En términos de mercado: cada palo debe aguantar su vela.
Con este precedente, E-distribución consolida su posición de fuerza. Los promotores ya no pueden confiar en la intervención administrativa para corregir lo que consideran una "sobreingeniería" de la distribuidora. Si el estándar es el que marca la red, el inversor debe asumirlo en su CAPEX o buscar otro proyecto donde la conexión no se coma toda la rentabilidad. La CNMC ha blindado la estructura de costes, eliminando cualquier expectativa de que la Administración sea el "socio capitalista" que cubra los errores de cálculo de los desarrolladores.
La resolución que ahora debe emitir el Gobierno de Canarias no admite margen de maniobra. Malvasia tiene dos opciones: sacar la chequera y pagar la factura técnica que exige E-distribución, o bien ajustar su diseño a niveles técnicos que no requieran tanto refuerzo, aunque eso signifique perder potencia o competitividad. La lección del 2026 es cristalina: en el juego de las renovables, la red es el activo más caro y, por desgracia para los promotores, no es negociable. La era del "gratis total" en la conexión ha muerto; ha llegado el momento de que cada proyecto demuestre su rentabilidad sin muletas regulatorias.
