JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La crisis tecnológica comenzó a finales de junio de 2025 con un fallo generalizado en los servidores corporativos. El Gobierno tramitó quince contratos de emergencia para renovar equipos de ciberseguridad, almacenamiento, virtualización y servidores. La administración autonómica ha logrado actualizar el hardware necesario para dotar de estabilidad a la plataforma corporativa. El informe técnico de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos reconoce que la plena integración de estos sistemas en el ecosistema TIC regional aún no se ha consolidado.
El personal encargado de la operación de estos sistemas se encuentra absolutamente desbordado. La complejidad de las nuevas infraestructuras exige una capacitación especializada que los empleados no han podido asimilar al ritmo que demandan las nuevas soluciones digitales. Esta situación ha forzado a los equipos técnicos a realizar jornadas maratonianas fuera de su horario laboral, incluyendo fines de semana, para evitar que la inestabilidad de los sistemas afectara al servicio a la ciudadanía durante la jornada diaria.
La falta de personal cualificado agrava el colapso. Existe un alto porcentaje de puestos de trabajo vacantes que la administración no ha logrado cubrir hasta la fecha. El Ejecutivo regional ha decidido pivotar su estrategia durante este segundo semestre. No se realizarán nuevos contratos de emergencia, pero se declara la urgencia absoluta en la cobertura de todas las plazas vacantes dentro de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos.
El Gobierno planea una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. Se incrementarán los niveles retributivos de los puestos tecnológicos pertenecientes a los grupos A1 y A2. El Ejecutivo busca atraer perfiles técnicos que actualmente rehúyen la oferta pública por una remuneración poco competitiva. El acuerdo compromete la habilitación de las partidas presupuestarias necesarias para ejecutar estas medidas y garantizar la estabilidad de los servicios públicos afectados.
El documento oficial subraya un problema estructural de fondo dentro del sector público. Las tecnologías de la información evolucionan con una rapidez que deja obsoletos los sistemas en periodos breves de tres a cuatro años. La rigidez administrativa para contratar talento técnico y la escasez de especialistas en el mercado han creado un cuello de botella difícil de resolver. La prórroga de la emergencia tecnológica subraya el desafío mayúsculo que enfrenta Canarias para modernizar sus infraestructuras digitales sin sucumbir al agotamiento de su capital humano.
