JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Antes que nada el lector debe saber que el autor de esta crónica económica fue director de comunicación de Emalsa entre 2007 y 2011 a propuesta del grupo francés accionista industrial de la empresa, Saur, y estando el PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas con mayoría absoluta.
Los propietarios de la empresa francesa de gestión del agua que tiene el 66% de Emalsa han encargado a Morgan Stanley que estudie opciones de venta para su negocio de servicios municipales de agua, según cuatro fuentes familiarizadas con la situación. EQT Infrastructure, CVC DIF y PGGM están considerando la posibilidad de vender el negocio en 2026. Los activos de agua potable de Saur representan la mayor parte de los ingresos del grupo.
Entrando en materia, Emalsa en 2026 sostiene la gestión financiera del ciclo del agua en Santa Brígida sobre una limbo forma de red de abastecimiento de 143 kilómetros que da servicio a 5.787 abonados. La operativa aportó a la compañía una cifra de negocios de 1,94 millones de euros al cierre de 2025; pero esos datos no dejan ver otros ingresos como el control de aguas. El negocio de la gestión del agua en Gran Canaria tiene algunos frentes como el de Santa Brígida o en sur de Gran Canaria. Estos asuntos subterráneos apenas ocupan espacio entre los pobres que solo hablan de tarifas en el recibo que llega a sus casas. Es un asunto elitista.
En el caso de Santa Brígida esta actividad recurrente de Emalsa convive con un escenario de extrema interinidad contractual. El acuerdo de explotación en régimen de concesión administrativa, cuyo origen se remonta al 27 de septiembre de 1994, opera completamente fuera de su vigencia natural. Preparar unos pliegos de adjudicación de este servicio no es algo que se hace en tres meses; pero se supone que se prevén. A todo ello, hay que añadir que las viviendas vacacionales van a pagar como negocios y eso es un balón de oxígeno gratis.
A la espera de que el Ayuntamiento venda su participación a cambio de quedarse con una acción de oro (golden share) que garantice al inversor un plan de continuidad más allá de 2043, el ejercicio 2025 consolidó a Emalsa como un actor robusto en el sector hídrico, alcanzando una cifra de negocios de 99,53 millones de euros en un mismo bloque geográfico. Esta actividad operativa generó un EBITDA de 16,64 millones de euros, resultado de sumar el beneficio de explotación de 10,64 millones de euros y los 6,00 millones de euros correspondientes a las amortizaciones del periodo. En el plano laboral, la compañía mantuvo una plantilla media de 457 empleados, compuesta por 373 hombres y 84 mujeres. Asimismo, la empresa garantiza la estabilidad a largo plazo de su capital humano mediante la dotación de una provisión por compromisos de pensiones y obligaciones similares, la cual ascendía a 5,72 millones de euros al cierre del ejercicio.
La empresa propiedad de Saur este mes de junio ha consumado la absorción de Emalsa Operaciones, su propia filial y brazo ejecutor, la antigua Sercanarias, en una maniobra que pretende, al menos sobre el papel, diseccionar la complejidad operativa que durante años ha caracterizado al servicio hídrico de la capital. La formalización, publicada hace apenas unos días tras su inscripción en el Registro Mercantil el pasado 17 de junio, pone fin a la existencia jurídica de una sociedad que, aunque nacida para ser el motor operativo, ha terminado convirtiéndose en un engranaje redundante.
Esa sociedad opera en Las Palmas y Santa Brígida. El Ayuntamiento de Santa Brígida comunicó el 12 de septiembre de 2019 la continuidad del servicio como medida transitoria hasta la adjudicación de un nuevo concurso. Las cuentas anuales formuladas en marzo de 2026 confirman la paralización total del proceso, sin que se haya producido la apertura de licitación alguna. El inmovilizado cedido por el consistorio para la prestación del servicio, valorado inicialmente en 411.049 euros, llegó al 31 de diciembre de 2025 en un estado de amortización total. La empresa explota una infraestructura contablemente agotada ante la falta de un nuevo marco regulatorio que exija o planifique nuevas inversiones.
La dilatación de los plazos institucionales tiene un impacto directo en el balance financiero de la sociedad. La partida de deudores varios registra un riesgo de 2,27 millones de euros vinculados al Ayuntamiento de Santa Brígida por los servicios prestados durante esta etapa de concesión caducada. Esta exposición financiera contrasta con los 2,.4 millones euros de saldo acreedor que la empresa mantiene con la entidad municipal, una cantidad mínima pendiente de compensación hasta recibir la aprobación legal del organismo. Ante la incertidumbre sobre el futuro del contrato, Emalsa gestiona su presencia física en el municipio operando desde unas oficinas bajo un régimen de arrendamiento mínimo, sostenido mediante simples renovaciones tácitas anuales.
