JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La resolución, firmada por el consejero Carmelo Ramírez (NC), establece un órgano colegiado compuesto exclusivamente por funcionarios de carrera. Este movimiento busca blindar el proceso de concurrencia competitiva bajo un marco de estricta neutralidad administrativa. Según las fuentes consultadas, la composición de la mesa evaluadora garantiza que la prelación de los proyectos se ajuste exclusivamente a los criterios de valoración preestablecidos en las bases reguladoras, limitando el riesgo de impugnaciones en una vía administrativa cada vez más judicializada.
La resolución otorga la responsabilidad de la evaluación a un equipo liderado por Silvia María Rua-Figueroa Marrero, Sandra Jiménez Pérez y Dulce María Pérez Marrero como miembros titulares. El diseño de este órgano colegiado se completa con la designación de Oneyda Nayibe Rincón Ortega y Aysha Mouhaffel Rivero en las plazas de suplencia. Según técnicos de la administración consultados, la elección de este panel garantiza que la prelación de las solicitudes responda exclusivamente a los criterios técnicos de las bases reguladoras, blindando el proceso ante posibles recursos administrativos.
El sistema de concesión sigue un protocolo de dos etapas: la instrucción inicial y la evaluación técnica. La comisión recién designada, integrada por tres titulares y sus respectivos suplentes, tiene la tarea de emitir un informe vinculante que determine el éxito o fracaso de las solicitudes presentadas. Una vez concretado el resultado, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución provisional. Este diseño administrativo, alineado con la Ley General de Subvenciones, busca asegurar la transparencia en el uso del crédito público disponible, especialmente en un área tan sensible como la cooperación y la solidaridad internacional.
La formalización de este comité, bajo un código de verificación, otorga validez jurídica a las decisiones que marcarán la agenda de desarrollo sostenible de la Isla para el presente ejercicio. La transparencia del proceso se refuerza con la publicación obligatoria de los miembros en el Tablón de Anuncios Electrónico, permitiendo a los interesados ejercer su derecho a alegaciones o recursos. Con este paso, el Cabildo de Gran Canaria reafirma su compromiso con un modelo de gestión orientado a resultados y sujeto a una fiscalización exhaustiva antes de la transferencia definitiva de los fondos.
