JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El escrito de acusación, elevado ante la Audiencia Provincial bajo las directrices del artículo 780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desglosa una tipología delictiva que combina el confinamiento forzoso con agresiones físicas mediante objetos contundentes y armas blancas. La acusación pública solicita penas que suman trece años y seis meses de prisión para el conjunto de los implicados, además de la imposición de multas y de indemnizaciones por responsabilidad civil que buscan resarcir el daño moral y las bajas médicas de la víctima.
El perfil de los imputados refleja una reiterada interacción con el sistema judicial del Archipiélago, con antecedentes penales que abarcan delitos de resistencia a la autoridad, lesiones en el ámbito de la violencia doméstica y delitos contra la seguridad vial. La noche de los hechos, fechada el 9 de agosto de 2022, los encausados AS, FTdlC y ASL operaron de manera concertada en el interior de un inmueble de la calle Delicias, en Vecindario. Según el relato fiscal, los implicados asaltaron a la víctima, identificada como AK, atándole los tobillos con una soga y constriñéndole el cuello con un cinturón para anular su capacidad de escape.
El desarrollo del secuestro registró un punto de inflexión operativo a las pocas horas de su inicio. Uno de los coautores, ASL, optó por romper la unidad de acción del grupo criminal al telefonear a la Comandancia de la Guardia Civil para revelar el paradero exacto del cautivo, un dato que las fuerzas de seguridad desconocían por completo en ese instante. Esta delación facilitó la liberación inmediata del rehén y ha obligado al Ministerio Fiscal a modificar las primas de riesgo penal para este acusado, reconociendo a su favor la circunstancia atenuante de confesión del artículo 21.4ª del Código Penal, lo que reduce la petición de su condena a tres años y seis meses de prisión.
La situación regulatoria de los otros dos coautores se presenta sustancialmente más severa debido al ensañamiento físico documentado en los informes médicos forenses. Durante el periodo de confinamiento, los acusados AS y FTdlC propinaron múltiples golpes a la víctima sirviéndose de una muleta ortopédica y de un cuchillo de cocina con el que le infligieron heridas puntiformes en las extremidades inferiores. El parte de lesiones recoge traumatismos craneoencefálicos con otorragia bilateral, claudicación mandibular, hemorragia subconjuntival y contusiones costales, unas dolencias que requirieron tratamiento facultativo básico y determinaron un periodo de baja laboral de siete días sin secuelas permanentes.
La factura económica asociada al procesamiento penal de la trama de Santa Lucía de Tirajana detalla la estructura de indemnizaciones exigida por la acusación pública para resarcir el pasivo generado por el delito. El fiscal solicita la imposición a los tres acusados de la obligación de abonar de forma conjunta y solidaria una partida de 3.000 euros en concepto de daños morales por el periodo de privación de libertad. De manera complementaria, los encausados AS y FTdlC deberán afrontar un desembolso solidario adicional de 405 euros para sufragar el impacto de las heridas físicas, devengando ambas cantidades los intereses de la mora procesal previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El coste total de las costas judiciales del procedimiento será repercutido íntegramente sobre los tres procesados en caso de dictarse sentencia condenatoria, conforme a las reglas generales de imputación de gastos del artículo 123 del Código Penal. Para los dos principales agresores, las peticiones de condena del fiscal se fijan en cinco años de prisión por el delito de detención ilegal y tres meses de multa con una cuota diaria de 15 euros por el delito leve de lesiones. El tribunal mantendrá asimismo medidas de protección financiera y personal a largo plazo, estableciendo órdenes de alejamiento de 500 metros y la prohibición absoluta de comunicación con la víctima durante un periodo que se extiende hasta los trece años.
