JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
El despliegue operativo para el presente ejercicio implica la emisión de 10.350 tarjetas prepago. Esta cifra, consolidada tras el informe técnico de la Coordinación de Comedores Escolares emitido en mayo, responde a la demanda detectada en los centros educativos de las Islas. El coste de cada unidad, fijado en 3,45 euros, ha llevado a la administración autonómica a realizar una reserva de crédito presupuestario por un montante total de 35.707,50 euros, garantizando la solvencia del programa frente a posibles gastos de emisión o sustitución de los soportes.
La adenda, firmada el pasado 17 de junio por el consejero Suárez Nuez junto a los representantes de CaixaBank y MoneyToPay, introduce ajustes técnicos relevantes. Entre las modificaciones destacadas, el texto establece el 31 de diciembre de 2026 como fecha de caducidad para las nuevas tarjetas. Esta actualización responde a la necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica y temporalidad a un sistema que se ha vuelto indispensable para miles de familias canarias desde su puesta en marcha en junio de 2022.
El histórico de este convenio refleja una apuesta institucional estable. La colaboración, que cuenta con el respaldo jurídico de la Viceconsejería de Servicios y el visto bueno de la Dirección General de Asuntos Europeos, ha superado exitosamente tres adendas previas. La Comisión Mixta de Seguimiento, que ya propuso esta prórroga unánimemente el pasado mes de abril, se mantiene como el órgano encargado de resolver las posibles incidencias en la distribución de las ayudas, asegurando que la gestión de los fondos no sufra interrupciones en su flujo.
Este movimiento administrativo despeja el camino para la ejecución del programa durante los próximos meses. La Consejería de Educación, bajo la dirección de la Secretaría General Técnica, ha cumplido con los plazos de transparencia requeridos por el Decreto 11/2019 al publicar los términos de esta cuarta adenda en el boletín autonómico. Con la reserva de crédito ya contabilizada, el Ejecutivo insular busca evitar cualquier fricción en la prestación de un servicio básico que actúa como salvavidas ante las situaciones de precariedad que afectan a una parte del alumnado en las Islas.
La continuidad de este sistema de tarjetas, gestionado en colaboración con el sector bancario, subraya la complejidad logística de mantener el apoyo a los comedores escolares fuera del calendario lectivo tradicional. Con más de 10.000 beneficiarios potenciales, el Gobierno de Canarias mantiene así el pulso de una política social que, tras cuatro años de vigencia, se ha consolidado como una pieza clave en el blindaje del bienestar de los estudiantes más necesitados de toda la comunidad.
