JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Este proyecto, promovido por ZBI Agüimes PF, S.L. —entidad vinculada al entramado inmobiliario que en su día operó bajo el nombre de Lanzagorta y Palmés 1—, sintetiza la pugna moderna entre la necesidad de descarbonización y la preservación del patrimonio agrícola, un debate que se dirime con herramientas administrativas cuya eficacia recuerda a la rigidez y el verticalismo de otras épocas. El negocio está en la órbita de los intereses del inversor de origen indio Ram Bhavnani.
El espíritu del viejo régimen de 1954 sigue vivo en los pasillos de la Administración canaria. Mientras el Boletín Oficial de Canarias proclama el interés público de los parques fotovoltaicos Magec I, II, III y IV, la realidad sobre el terreno en el municipio de Telde es otra: un ejercicio de fuerza bruta administrativa que deja a los propietarios de tierras rústicas sin margen de maniobra. Bajo la máscara de la transición energética, el Gobierno de Canarias ha sacado el látigo normativo para asegurar que los planes de ZBI Agüimes PF, S.L. se cumplan, sin importar quién sea el dueño del suelo. Le han puesto nombre guanche a un plan que basa su negocio en normas franquistas.
La empresa promotora no es un ente abstracto. Detrás de los paneles fotovoltaicos se encuentra un entramado de poder que conecta con la histórica inmobiliaria Lanzagorta. Los promotores tienen corporativos sólidos: Murli Kessomal Kaknani, Cristina Ramchand Bhavnani, y operan como piezas de una estructura donde el administrador mancomunado Narish Prakash Rajwani Mahtani y Raúl Serna Barrera dirigen la batuta. Su socio único, Zero Beta Investments, es quien realmente succiona la rentabilidad de un suelo que, hace un tiempo, servía para cultivar, no para producir megavatios para el mercado eléctrico.
La lista de los afectados es un acta de defunción de la pequeña propiedad agrícola en Telde. El 15 de mayo de 2026 fue la fecha marcada en rojo. En el Polígono 8, la parcela 23 (Comunidad de Jerez 8) ha sido señalada para una expropiación que afecta a más de 230 metros cuadrados. Pero no están solos: los herederos de Bruno Naranjo Suárez en la parcela 3, y una larga lista de particulares como Yurena del Carmen Jorge Sánchez, Gustavo Hernández Socorro, o los hermanos Alexis y Jaime Domínguez Déniz, ven cómo sus derechos rústicos son devorados por la maquinaria. Incluso el Ayuntamiento de Telde 'cede' suelo público en una operación donde el interés privado se disfraza de bien común.
La clave de este asalto legal es la "declaración de utilidad pública". Esta figura, heredada de tiempos donde el Estado pasaba por encima de los individuos sin despeinarse, permite a la empresa saltarse cualquier oposición. La Dirección General de Energía, con Rafael Ferrando Carrasco al frente, ha sido el ejecutor técnico necesario. Al invocar que la instalación fotovoltaica es de "interés social" por el Acuerdo de París, han logrado que los propietarios pierdan el derecho a proteger su patrimonio. Si el propietario no cede voluntariamente, se le expropia. Es el derecho a la propiedad privada sometido a los intereses de una inversión de 2,15 millones de euros.
El expediente ER180044 es un monumento a la burocracia desalmada. Durante la fase de información pública, ningún particular presentó alegaciones. ¿Por qué? Porque la complejidad técnica y el miedo a enfrentarse a la Administración disuaden a cualquiera. Mientras los despachos de Madrid y Valencia (donde están domiciliadas las empresas del grupo) dictan las órdenes, el agricultor se queda sin defensa. Los informes favorables de las direcciones generales de Salud, Agricultura y Seguridad han sido piezas de un engranaje diseñado para que, en un 'plazo récord', el suelo agrario especial sea despojado de su valor productivo para pasar a ser una plataforma de cemento y acero fotovoltaico.
El cambio climático es la excusa perfecta para que las viejas estructuras inmobiliarias se reconviertan en las nuevas dueñas de la energía. Bajo la apariencia de progreso verde, el proyecto Magec demuestra que, en Telde, el terreno sigue perteneciendo a quien tiene la capacidad de mandar más en la Consejería de Energía. Los dueños de las parcelas 3, 23 o 9159 son solo números en un expediente, daños colaterales de un negocio que, siete décadas después, sigue operando con la misma falta de escrúpulos que en los años 50. La transición energética tiene nombres y apellidos, y para los agricultores de Telde, no ha traído nada más que el fin de su forma de vida.
