JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
Pero los números, al igual que los folletos vacacionales, son solo una fina capa de optimismo técnico diseñada para ocultar el vacío. El superávit de esta capital atlántica no es el resultado de la genialidad política; es el reflejo contable de una administración que ha renunciado a actuar.
El consistorio exhibe una ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes de exactamente el cero por ciento. Es una cifra hermosa, con la belleza estéril de un quirófano o de un apartamento turístico recién desinfectado.
Esta ausencia de pasivo sitúa a la ciudad en un club exclusivo de balance neto activo junto a Vigo. Mientras tanto, en la Península, la vida —con toda su fealdad, su desorden y su deuda— continúa. Zaragoza y Murcia arrastran pasivos equivalentes al 51% y al 50% de sus ingresos anuales. Palma soporta un 44%, Valladolid otro 44%, Barcelona un 28% y Madrid un 24%.
Estas urbes recurren al mercado financiero para construir cosas, para alterar el paisaje, para simular que el futuro importa. Las Palmas, al carecer de deuda, demuestra una parálisis profunda. El dinero no se mueve porque la maquinaria burocrática local ha perdido la capacidad física de adjudicar contratos y ejecutar obras públicas.
La regla de gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda establece un límite nacional de incremento del 3,5% para este ejercicio. Es una frontera psicológica que las ciudades dinámicas tienden a violar para no morir de asfixia.
Los datos de la AIReF sitúan a varios ayuntamientos en una situación de riesgo evidente de incumplimiento regulatorio. El gasto computable de Zaragoza sube un 7,3%, el de Córdoba un 7,6%, el de Palma un 5,7% y el de Barcelona un 4,1%. Son municipios atrapados en la inercia del consumo y la expansión.
Frente a ellos, Las Palmas de Gran Canaria se repliega en una variación contenida del 2,3%. No hay mérito en esta contención, solo la incapacidad de tramitar las licitaciones de los servicios más básicos, como la limpieza de los barrios o el mantenimiento urbano. Las cuentas públicas permanecen saneadas simplemente porque los despachos están vacíos de proyectos.
Esta parálisis reduce la gestión local a una simple acumulación de remanentes líquidos. Mientras ayuntamientos mediterráneos como València o Málaga demuestran cierta flexibilidad para modificar sus presupuestos y devolver el capital al tejido productivo, el consistorio canario prefiere mantener sus excedentes inmovilizados en cuentas de la banca comercial. Es una decisión financiera absurda.
En un entorno marcado por la erosión de la inflación, dejar el dinero inmóvil equivale a destruirlo lentamente. Ciudades como Bilbao y Valladolid presentan crecimientos de gasto computable bajísimos, del 1,9% y el 0,3% respectivamente, pero mantienen unos índices de obra pública real por habitante que dejan en evidencia la parálisis grancanaria. El superávit es solo el síntoma de una administración que observa el paso del tiempo sin participar en él.
Los ingresos corrientes tampoco escapan a esta lógica de la apatía. A nivel nacional, las grandes corporaciones locales experimentan una fase expansiva gracias al repunte del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) —que avanza a un ritmo del 4%— y a las nuevas tasas de residuos vinculadas a las normativas europeas de economía circular, con un impacto positivo agregado de 350 millones de euros.
En Las Palmas de Gran Canaria, el dinero entra de forma inercial debido a la explotación del turismo y al encarecimiento general de la vida. La gestión interna de los tributos propios es ineficaz.
La lentitud estructural en la concesión de licencias urbanísticas impide que la ciudad capture el valor del sector inmobiliario, dejando que el peso fiscal recaiga sobre los ciudadanos habituales a través de tasas estáticas que no revierten en el entorno urbano.
La defensa a ultranza de este superávit recurrente responde a una necesidad puramente burocrática: complacer a los inspectores de Madrid y evitar los planes de ajuste forzosos que amenazan la autonomía de Córdoba o Palma. Es la paz de los cementerios aplicada a la economía local.
El orden contable se convierte en un fin técnico en sí mismo, un analgésico para maquillar el fracaso de la inversión pública. Mientras las capitales de la península estiran sus balances para competir y sostener su desarrollo, Las Palmas de Gran Canaria se ampara en su aislamiento geográfico.
Las cifras de la AIReF describen un panorama desolador para cualquiera que busque dinamismo. Las cuentas están limpias, los saldos son positivos y la deuda es inexistente; una estructura impecable para una ciudad que ha renunciado a transformarse.
