JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
A través de la Resolución 396/2026, el ejecutivo no solo ha tenido que ajustar importes por un total de 53.600 euros —evidenciando una gestión presupuestaria plagada de errores materiales y aritméticos—, sino que ha emitido un mandato de obligado cumplimiento: el veto estricto a las subcontrataciones opacas que han proliferado en el sector. La administración ha dejado claro que la picaresca de externalizar el núcleo del proyecto para inflar costes o eludir responsabilidades se ha terminado.
El núcleo de esta intervención se encuentra en el nuevo anexo de criterios aclaratorios, donde el Gobierno establece una línea roja inamovible entre la "contratación externa como medida social" y la "subcontratación". La administración ha detectado una práctica recurrente: entidades que, bajo la excusa de fomentar el empleo o cumplir con medidas sociales, cedían de facto la ejecución total del evento a terceros, una figura que el Gobierno califica ahora de subcontratación encubierta. A partir de esta resolución, cualquier tercero que asuma la producción ejecutiva, la coordinación integral, o la ejecución de una parte sustancial, autónoma o nuclear del evento, deberá someterse a los controles rigurosos de la Ley General de Subvenciones, bajo pena de exclusión inmediata.
El Gobierno ha sido tajante al definir qué servicios son meramente auxiliares y cuáles suponen una subcontratación prohibida de facto si no se cumplen los requisitos. Mientras que servicios como iluminación, limpieza, catering o alquiler de equipos pueden quedar fuera de la consideración de subcontratación —siempre que la entidad beneficiaria mantenga la dirección real del proyecto—, la administración avisa: si la empresa externa asume la programación, produce una parte esencial o coordina el evento, debe declararse como subcontratación. De no hacerlo, o de intentar ocultarlo bajo etiquetas de "medida social", el proyecto será penalizado. La resolución es un aviso a navegantes para las entidades que hasta ahora operaban como simples intermediarias entre el dinero público y los proveedores que realmente ejecutaban el trabajo.
Esta "limpieza" administrativa también alcanza a la picaresca de las memorias de proyectos. Ante la evidencia de que muchos solicitantes intentaban rellenar sus carencias en fase de subsanación, el Gobierno ha cerrado el grifo: no se permitirá que el trámite sirva para mejorar la posición competitiva. Los criterios de trayectoria y participación institucional han sido acotados al extremo. Si una entidad no acreditó su trayectoria o sus alianzas con instituciones en el momento de presentar la solicitud, ya no habrá margen para "fabricar" convenios de última hora o cartas de apoyo extemporáneas. El Gobierno ha dejado claro que la subsanación es para corregir errores, no para reformular proyectos ganadores sobre la marcha.
Los ajustes económicos son la cara más visible de este desorden. El caso de Manuel Romero Martínez, con un recorte de 39.000 euros en su petición, es el exponente más claro de una convocatoria que, en su origen, pecó de optimismo o de una falta de control técnico asfixiante. La reducción en los importes solicitados por entidades como Publiforma Canarias Gestión y Servicios S.L.U. y la Asociación de Empresarios de Santiago del Teide confirma que la Dirección General ha tenido que auditar expediente a expediente para evitar que el dinero europeo se esfumara en estructuras de costes sobredimensionadas.
La resolución, firmada el 12 de junio por David Eladio Mille, establece un plazo improrrogable de diez días hábiles para subsanar deficiencias en la identificación de los solicitantes, pero bajo una premisa innegociable: el contenido sustantivo no se toca. La administración ha decidido blindar el proceso contra la improvisación. La exigencia de declarar la ausencia de conflicto de intereses, el respeto a los límites de subcontratación y la prohibición de subcontratar con entidades incursas en prohibiciones legales, se convierte ahora en el filtro definitivo que determinará quién recibe los fondos y quién se queda fuera.
Este movimiento del Gobierno de Canarias es un reconocimiento implícito de que el sector comercial se encontraba en un estado de desregulación que amenazaba la viabilidad de la propia convocatoria. Al imponer este marco normativo, la administración no solo busca el orden contable, sino que intenta recuperar la autoridad sobre un proceso que, hasta ahora, parecía gestionado a golpe de improvisación. Para los empresarios del sector, el mensaje es inequívoco: el dinero público ya no es un cheque en blanco para organizar eventos mediante redes de subcontratación opacas. La profesionalización, la transparencia y el cumplimiento escrupuloso de las bases son, a partir de hoy, el único camino para asegurar la supervivencia en el competitivo mapa de las ayudas comerciales en las islas. El Gobierno ha puesto orden, pero a un precio que muchos, por su falta de rigor, ya no podrán pagar.
