JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
La normativa española, anclada en la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, impone una obligación clara: el operador con mayor cuota de mercado en cada territorio debe garantizar que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga derecho a recibir su gas en casa. Es un derecho al suministro que protege al consumidor frente a la dispersión geográfica y las dificultades logísticas de un territorio fragmentado como el canario.
Para Gran Canaria, esta ratificación significa mantener el statu quo. Desde que el Real Decreto-ley 8/2014 estableciera el marco actual de eficiencia y competitividad, la obligación de reparto ha recaído sistemáticamente sobre Disa Gas. A través de sucesivas resoluciones en 2017, 2020 y 2023, la administración ha mantenido la misma designación, demostrando que, en lo que a suministro domiciliario de GLP envasado se refiere, la cuota de mercado de Disa en las islas sigue siendo inalcanzable para cualquier otro competidor. Esto tiene implicaciones directas en la logística que recorre diariamente las carreteras de la isla, desde las zonas industriales de Las Palmas hasta los rincones más recónditos de la cumbre.
Resulta curioso observar cómo la tecnología avanza hacia la electrificación total mientras el marco legal sigue volcado en proteger el suministro de envases de carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos. Esta franja de peso no es casual; define al consumidor doméstico medio, ese que no depende de depósitos a granel, sino que gestiona su consumo energético a través de la sustitución manual de envases.
La ley es tajante al excluir los envases de mezcla para usos como carburante, centrándose exclusivamente en el gas de uso doméstico. Esto subraya la importancia social de esta resolución: no se está regulando un mercado de lujo, sino una necesidad básica. En Gran Canaria, donde el modelo de vida residencial combina entornos urbanos con una dispersión rural muy marcada, el hecho de que exista una empresa con la obligación legal de llegar a cualquier domicilio no es un detalle menor. Es el engranaje que evita que el aislamiento geográfico se traduzca en una brecha energética.
Si nos detenemos a analizar por qué Disa Gas sigue apareciendo como el único actor obligado en Canarias, la respuesta reside en la frialdad de los datos de mercado. El sistema se basa en un principio de eficiencia: el operador que ya tiene la red, la logística y los centros de distribución más amplios es el que, por economía de escala, puede asumir el compromiso del reparto universal. Sin embargo, este modelo genera un interrogante inevitable sobre la competencia.
¿Es saludable que un mismo operador mantenga este papel de garante del suministro durante más de una década? Desde la perspectiva de la política energética nacional, la respuesta es afirmativa mientras la cuota de mercado no se fragmente. Pero para el ciudadano de Gran Canaria, esta resolución es el recordatorio de que, en el archipiélago, el mercado energético funciona bajo reglas de juego distintas a las de la Península. Mientras en el territorio peninsular el mapa se divide, en Canarias, el bloque atlántico requiere una respuesta unificada.
La comparativa con otros territorios es instructiva. Mientras Canarias ha mantenido su estabilidad bajo Disa, el caso de Ceuta y Melilla, también recogido en esta nueva resolución, muestra la volatilidad del mercado. La reciente transferencia de la obligación a Gasib Sociedad Ibérica, tras la compra de las unidades de Atlas, indica que incluso los mercados más cerrados sufren movimientos.
Para Gran Canaria, este escenario sirve de reflexión sobre la fragilidad del suministro. La obligación legal es una red de seguridad, pero también depende de la salud financiera y operativa de una sola corporación. Si algo nos enseña la historia de los hidrocarburos en las islas, es que cualquier reajuste en los grandes operadores termina afectando, tarde o temprano, a la frecuencia y disponibilidad del reparto domiciliario.
La pregunta que surge inevitablemente al leer estos documentos técnicos es cuánto tiempo más seguirá siendo el GLP envasado el protagonista del suministro doméstico en las medianías de Gran Canaria. Con las políticas de descarbonización y el auge de las renovables, es posible que, dentro de tres años —cuando toque la próxima actualización del BOE—, el volumen de demanda de bombonas haya disminuido significativamente.
Por ahora, sin embargo, el compromiso de suministro sigue en pie. El ciudadano que reside en el interior de Gran Canaria, en una vivienda que aún no ha accedido a redes de gas natural o a una electrificación total eficiente, sabe que tiene detrás el peso de la ley para garantizarle el derecho a recibir su gas. Es una victoria de la infraestructura sobre la distancia.
Mientras los grandes debates energéticos se centran en la eólica marina y el hidrógeno verde, el ciudadano sigue necesitando la bombona para su día a día. Disa Gas seguirá siendo, por mandato ministerial, el operador invisible que sostiene gran parte de la logística energética en los hogares grancanarios, asegurando que, pase lo que pase en los mercados internacionales, el derecho al suministro llegue a la puerta de casa.
