Paro del transporte escolar de los centros públicos de Canarias el lunes 9 de enero

Los empresarios de transporte discrecional de viajeros de Canarias han celebrado hoy Asamblea Extraordinaria en la sede de la FET donde han acordado realizar una jornada de paro en los servicios de transporte escolar en toda Canarias, el próximo lunes 9 de enero, a modo de protesta por los retrasos en el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos por la Consejería de Educación con este sector. La jornada de paro solo afectará a los centros públicos de enseñanza; los centros privados o concertados sí tendrán servicio de transporte escolar.

En caso de que la Administración no realice gestiones que desbloqueen el colapso administrativo-económico de los servicios de transporte, los empresarios no descartan ir endureciendo las medidas de presión en próximas fechas.

Hay que recordar que el presente curso escolar estuvo a punto de comenzar sin servicios de transporte por el enorme desfase económico existente entre el precio de lo contratado y lo que se viene abonando a los transportistas. Sin embargo, una propuesta de la Consejería de Educación en cuanto al calendario de actualización económica permitió que el sector del transporte accediera a iniciar el curso escolar 2022-23 con normalidad en la confianza del cumplimiento de lo comprometido.

De la información recibida de la Administración se desprende que no se sabe cuándo se van a poder regularizar los conceptos económicos de los contratos de transporte escolar y ni siquiera se ha formalizado un documento de reconocimiento de deuda que permita a las empresas transportistas acudir a productos financieros con la garantía de la deuda pendiente.

Actualmente hay en vigor cuatro contratos de transporte escolar en Canarias respecto de los que Educación se había comprometido a actualizar los módulos económicos sin que ninguno de ellos haya recibido tal incremento. En 2023 tampoco se garantizan fechas de regularización de los precios atrasados.

Por otro lado, la Administración adeuda desde hace diez años a los transportistas la clausula de IPC recogida en los contratos por un importe de unos 14 millones de euros. El compromiso de liquidación de este IPC histórico comprendía el abono en tres plazos, 2022, 2023 y 2024. El tercio de la deuda correspondiente a 2022 no se ha liquidado y ni siquiera se conoce con cargo a qué partida se podría liquidar.

El sector del transporte de viajeros de Canarias lamenta tener que llegar a estos extremos pero considera que no tiene la capacidad de soportar las consecuencias negativas que los problemas internos de gestión de la Administración suponen para un sector que trata de mantener su actividad a pesar de que los indicadores apuntan hacia el mantenimiento de la situación inflacionista a medio plazo.