El Órgano Ambiental de Gran Canaria ha dictado sentencia contra la pretensión del Servicio de Residuos de relajar la vigilancia en el Ecoparque Gran Canaria Norte, el antiguo Salto del Negro.

A través de una resolución contundente, la institución desestima la modificación del condicionante número tres de la Declaración de Impacto Ambiental, una maniobra administrativa con la que el Cabildo de Gran Canaria buscaba eximirse de construir infraestructuras de almacenamiento estanco para los vertidos que emanan de la Celda número 3. La decisión supone un triunfo de la cautela burocrática sobre la lógica del ahorro operativo, obligando a la administración a tratar cada gota de residuo líquido como una amenaza potencial, independientemente de su volumen.

La argumentación del Servicio de Residuos se sostenía sobre la gélida evidencia de los datos acumulados durante seis años, que calificaban las surgencias de lixiviados como meramente testimoniales, con caudales que apenas alcanzan los cinco litros por hora. Para los técnicos del complejo, mantener la exigencia de arquetas estancas y dimensionadas para un tratamiento posterior resultaba una medida ineficaz e innecesaria ante la nula toxicidad detectada en las pruebas analíticas. Sin embargo, este intento de simplificar la gestión chocó frontalmente con el criterio de la Dirección General de Salud Pública, que se ha negado a aceptar la hipótesis de que un vertido al medio natural pueda quedar sin control bajo el pretexto de su escasa entidad.

La clave del rechazo reside en la imprevisibilidad del clima y la memoria del subsuelo. Salud Pública ha recordado al Órgano Ambiental que, en episodios de lluvias intensas, el comportamiento de un vertedero transmuta y los caudales testimoniales pueden convertirse en flujos peligrosos capaces de alcanzar a la población. La resolución final dictamina que el Plan de Control y Seguimiento no es negociable y que la estanqueidad de las arquetas es la única garantía física contra la incertidumbre. El Ecoparque Norte deberá, por tanto, someterse a la redacción original de su licencia, manteniendo una vigilancia trimestral y una infraestructura de recogida que no permite fisuras ni interpretaciones estadísticas sobre la peligrosidad de sus aguas.

Esta negativa institucional cierra el camino a una gestión basada en el empirismo de los últimos años para devolver al complejo al terreno de la prevención absoluta. En un territorio donde el agua es un bien sagrado y los barrancos son cicatrices que conducen directamente al mar, el Órgano Ambiental ha preferido la desconfianza técnica hacia el residuo. La resolución no solo protege el Dominio Público Hidráulico (DPH), sino que establece un precedente sobre la imposibilidad de reducir las medidas correctoras en instalaciones críticas, confirmando que, para la ley ambiental, la seguridad de la salud pública no admite rebajas por falta de caudal o por la supuesta inocuidad de una química que hoy parece dormida.

Mientras el Servicio de Residuos intentaba convencer al Órgano Ambiental de que esos 5 litros por hora eran un residuo "testimonial" e inocuo, la resolución del 8 de abril de 2026 les obliga a volver al diseño del "sarcófago". No importa que el caudal sea bajo; la administración les exige arquetas estancas y dimensionadas, asumiendo que cualquier filtración al subsuelo de Gran Canaria es un riesgo inasumible. Es, en esencia, la derrota de la gestión basada en la "nula toxicidad" empírica frente al miedo institucional a una lluvia torrencial que convierta ese goteo en un problema de salud pública. El Cabildo quería un termómetro y el Órgano Ambiental le ha obligado a construir un búnker.

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